Retroexcavadoras, motobombas, un campamento instalado y alrededor de 40 personas realizando labores de extracción aurífera fueron algunos de los hallazgos constatados durante una inspección realizada en el área minera Corazón Valiente, ubicada entre los departamentos de Tarija y Chuquisaca.
La verificación fue efectuada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), a través de su Dirección Regional Tupiza-Tarija, que identificó presuntas actividades de minería ilegal en el cauce y las márgenes de un río.
La intervención se llevó a cabo tras denuncias públicas sobre posibles operaciones irregulares en la zona y contó con la participación de personal técnico y jurídico de la AJAM, autoridades ambientales de la Gobernación de Tarija y representantes de la Alcaldía de El Puente.
Durante la inspección, las autoridades verificaron labores de explotación aurífera y constataron el uso de maquinaria pesada, entre ellas retroexcavadoras y motobombas destinadas a la extracción de agua y material del río. Asimismo, observaron actividades de lavado y concentración de mineral.
Los equipos de inspección también identificaron un campamento instalado en el sector, donde se encontraban combustibles, maquinaria, herramientas y vehículos particulares utilizados para las operaciones.
Según informó la AJAM, mientras se desarrollaba la inspección, funcionarios de la entidad fueron objeto de amenazas verbales por parte de personas presentes en el lugar.
La evaluación técnica estableció además que parte de las actividades se realizaban en sectores que no cuentan con derechos mineros vigentes.
La entidad explicó que el área minera Corazón Valiente se encuentra actualmente en trámite para la obtención de una Licencia de Prospección y Exploración. Sin embargo, precisó que este tipo de autorización no habilita la explotación de recursos minerales, por lo que las actividades observadas durante la inspección no estarían respaldadas por dicho procedimiento administrativo.
La AJAM señaló que los resultados de la inspección serán incorporados a las acciones legales y administrativas correspondientes para determinar responsabilidades y establecer la situación de las operaciones detectadas en la zona.
