A ocho meses del inicio de la administración del presidente Rodrigo Paz, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, reconoció que el Gobierno todavía enfrenta importantes desafíos para reorganizar el aparato estatal y aplicar las transformaciones planteadas por el Ejecutivo, en medio de problemas internos, conflictos sociales y factores externos que afectan la economía nacional.
“No terminamos de ordenar la casa, hay que reconocerlo y hay que volver a poner las soluciones de fondo que eso amerita”, afirmó Gálvez durante una entrevista en el programa La Mañana en Directo de ERBOL.
Funcionarios heredados y restricciones laborales
Entre las principales dificultades identificadas por el vocero se encuentra la situación de funcionarios heredados de anteriores gestiones, respecto de quienes existen limitaciones legales para realizar cambios en la administración pública.
Según explicó, algunas personas ocupan cargos para los cuales no estarían calificadas, pero cuentan con mecanismos de protección laboral que dificultan su desvinculación.
“Han incrementado el número de inamovibles por diversas razones que normalmente estarían en el 3 o 4 por ciento al 9 o 12 por ciento. Así nos los heredaron”, sostuvo.
Gálvez señaló que en varios casos los funcionarios recurren a instituciones como la Defensoría del Pueblo para defender lo que consideran derechos adquiridos, situación que complica los procesos de reestructuración estatal.
Construcción de un nuevo modelo económico
El vocero indicó que otra de las tareas centrales del Gobierno consiste en sentar las bases de un nuevo orden económico que permita generar estabilidad y mejores condiciones para las familias bolivianas.
No obstante, afirmó que persisten corrientes de opinión y sectores políticos que continúan defendiendo modelos económicos anteriores, lo que dificulta la implementación de cambios estructurales.
Asimismo, mencionó que el fenómeno climático del Súper Niño representa un desafío adicional para la gestión gubernamental debido a sus potenciales efectos sobre la producción, el abastecimiento y la economía nacional.
Factores internacionales y dependencia de combustibles
En el ámbito externo, Gálvez señaló que Bolivia enfrenta variables que escapan a su control, como los conflictos geopolíticos internacionales.
Citó como ejemplo la tensión entre Estados Unidos e Irán y su impacto en el mercado energético mundial, especialmente en el precio internacional del petróleo.
“Nosotros hemos heredado un Estado que, en lugar de autoabastecernos de combustible, nos ha llevado a una total importación, casi total importación con una dependencia de ese precio internacional”, afirmó.
Según explicó, esta situación obliga al Gobierno a gestionar simultáneamente reformas internas y contingencias externas.
“Es como arreglar el motor del carro mientras vamos a 90 o 100 kilómetros por hora”, comparó.
Tres meses dedicados a la gestión de crisis
El portavoz también recordó que una parte significativa de la gestión estuvo marcada por conflictos que obligaron al Ejecutivo a concentrar esfuerzos en la atención de emergencias políticas y sociales.
Indicó que, de los ocho meses transcurridos, aproximadamente tres estuvieron dedicados al manejo de crisis derivadas de los bloqueos y de las controversias generadas por el Decreto Supremo 5503.
Observaciones a la lentitud institucional
Gálvez también hizo referencia a las dificultades que enfrenta el Gobierno para avanzar en determinadas iniciativas debido a los tiempos de respuesta de otros órganos del Estado.
Como ejemplo, mencionó que el proyecto de modificación al Presupuesto General del Estado fue remitido a la Asamblea Legislativa en abril, pero su aprobación recién se concretaría en agosto.
“Eso habla también de que la lentitud no está solamente en el Ejecutivo, sino que el Estado está realmente complicado para poder caminar”, manifestó.
Asimismo, señaló que existen demoras en distintos procesos vinculados al Órgano Judicial, lo que también repercute en la implementación de políticas públicas.
“Un Estado obeso”
Al concluir su evaluación, el vocero sostuvo que la actual administración recibió un aparato estatal sobredimensionado y con problemas estructurales acumulados durante años.
“Se ha recibido un Estado obeso”, afirmó, al remarcar que la transformación institucional y económica no puede realizarse de manera inmediata.
En ese contexto, aseguró que los cambios impulsados por el Gobierno constituyen un proceso gradual que deberá desarrollarse dentro del marco democrático y mediante la construcción de consensos con distintos sectores de la sociedad.
