El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reveló este jueves que el intento de exportación ilegal de 189,5 kilogramos de oro desde el aeropuerto internacional de Viru Viru fue detectado gracias a la verificación de documentación que presentaba graves irregularidades, entre ellas un código QR sin información y formularios presuntamente falsificados.
La autoridad informó además que instruyó una investigación interna para esclarecer las circunstancias en las que cinco personas inicialmente arrestadas en el operativo recuperaron su libertad, pese a estar vinculadas al caso.
El principal investigado es Adrián Lema Roca, quien permanece aprehendido y enfrenta acusaciones por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, contrabando y compra o venta ilegal de recursos minerales.
Según el reporte oficial, el hecho ocurrió alrededor de las 00:30 del 22 de julio, cuando personal de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) alertó a la Policía sobre una carga sospechosa que se encontraba en proceso de embarque en un vuelo chárter con destino a Emiratos Árabes Unidos.
De acuerdo con Oviedo, Adrián Lema Roca se encontraba acompañado por Lucas Manuel Núñez, identificado como funcionario de la Aduana Nacional, y por Luis Enrique Riveros, gerente comercial del vuelo contratado para el traslado de la carga.
Tras la intervención policial, los efectivos verificaron que los lingotes de oro no contaban con registros válidos que respaldaran legalmente su exportación, motivo por el cual el caso fue derivado a las instancias especializadas de lucha contra la corrupción.
“Luego se verificó el código QR del Senarecom y se comprobó que no tenía lectura alguna. Posteriormente se ingresó el código del formulario DEX, el cual no figuraba en el registro del Sistema Único de Modernización Aduanera (SUMA)”, explicó el ministro.
La documentación presentada identificaba como exportadora a la empresa Emporio Dorado SRL y declaraba el envío de 77 lingotes de oro con un peso total de 189,5 kilogramos hacia Emiratos Árabes Unidos.
Oviedo señaló que fue la oficial de turno, teniente Claire Espinosa López, quien informó oportunamente sobre las observaciones detectadas en la documentación, lo que permitió detener la carga antes de que abandonara el país.
Según la autoridad, las irregularidades encontradas apuntan a posibles fallas o responsabilidades relacionadas con los procedimientos de control y validación documental, tanto en instancias aduaneras como en los mecanismos de certificación vinculados a la comercialización de minerales.
En ese contexto, el ministro cuestionó la liberación de cinco personas que habían sido arrestadas durante las primeras actuaciones del caso y anunció la elaboración de un informe detallado sobre cada una de las decisiones adoptadas durante el operativo.
“He instruido que a la brevedad posible se brinde información oficial sobre la relación cronológica de los hechos, actas de requisa, registros de secuestro y detalle de todas las personas que autorizaron la libertad de cinco involucrados”, manifestó.
Asimismo, solicitó que se adjunten copias de los registros de Naabol y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) Satélite Norte para establecer responsabilidades y verificar si se actuó conforme a procedimiento.
“Pedimos que se informe las causas para la liberación de los cinco implicados y, si hubiera responsabilidad, sean puestos a disposición del Comando General de la Policía Boliviana”, agregó.
El cargamento de oro permanece bajo custodia del Ministerio Público mientras continúan las investigaciones. La Fiscalía ya formalizó la imputación contra el principal acusado y amplió las pesquisas para determinar si existen otros involucrados, incluidos posibles funcionarios públicos que hubieran facilitado o encubierto la operación.
Las autoridades consideran que el caso podría revelar una estructura más amplia dedicada a la exportación irregular de minerales, por lo que no se descartan nuevas aprehensiones ni la ampliación de cargos conforme avance la investigación.
