El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Gobierno investigará el contenido de un audio atribuido al comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, en el que presuntamente denuncia una recaudación de 2 millones de dólares destinada a influir en la designación de la máxima autoridad policial.
“Se va a investigar el audio, al igual que todos los otros temas que son complicados, como el tema del oro, de los combustibles, etcétera”, afirmó Gálvez durante una conferencia de prensa.
La autoridad señaló además que el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, brindará en las próximas horas una posición oficial y mayores detalles sobre el caso.
Según el contenido difundido, Sokol sostiene que entre seis y ocho oficiales con grado de mayor, identificados como “los Golden”, habrían reunido alrededor de dos millones de dólares para respaldar el ascenso de un coronel al cargo de comandante general de la Policía.
En la grabación, el jefe policial señala que el dinero habría sido entregado a un coronel de una promoción inferior a la suya para que realizara gestiones y contactos con el objetivo de concretar el nombramiento.
“Para que vaya a buscar, a tocar puertas y vaya a ver con quién puede hablar y entregar ese dinero para que se haga cargo del Comando General y me sustituyan o me cambien de puesto”, se escucha decir en el audio atribuido a Sokol.
Tras la difusión de la denuncia, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, expresó su preocupación y afirmó que el hecho compromete la credibilidad de la institución policial.
“Un audio en el que el propio comandante general Mirko Sokol habla de una presunta recaudación de 2 millones de dólares para comprar un ascenso a general no solo indigna, sino que confirma lo que hace años hemos denunciado”, manifestó.
Lara sostuvo que las acusaciones deben ser esclarecidas mediante una investigación exhaustiva para determinar la veracidad del audio y establecer posibles responsabilidades.
El caso se suma a otras investigaciones de alto impacto que actualmente son objeto de atención pública y que, según el Gobierno, serán abordadas por las instancias competentes para garantizar transparencia y rendición de cuentas.
