La dinámica política en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) atraviesa una etapa de transformación marcada por la fragmentación de las principales bancadas y el creciente protagonismo de los intereses regionales en la toma de decisiones legislativas.
Parlamentarios de distintas fuerzas políticas coinciden en que, más allá de las directrices partidarias, el respaldo o rechazo a proyectos de ley responde cada vez más a las necesidades de los departamentos que representan.
“Lo que manda el parlamento, les digo así abiertamente, son las posiciones regionales departamentales. Cada uno hace caso a sus brigadas por las necesidades de los proyectos que tiene cada uno de los departamentos. Esa es la realidad. Entonces casi ya no hay mucho mando político, porque en realidad lo que necesita hoy día el país es dar respuesta a los proyectos departamentales”, afirmó el diputado potosino de Libre, Édgar Zegarra.
La tendencia se produce en un escenario de divisiones internas dentro de varias fuerzas políticas. En el Partido Demócrata Cristiano (PDC) conviven legisladores afines al Gobierno y otros críticos de la actual gestión. En Alianza Libre, algunos parlamentarios han reconocido la falta de cohesión entre las organizaciones que integran el bloque. Mientras tanto, en Alianza Unidad surgieron diferencias luego de que Samuel Doria Medina anunciara el alejamiento de Unidad Nacional del Gobierno, decisión que no fue acompañada por todos los legisladores de la coalición.
La nueva correlación de fuerzas representa un desafío para el Ejecutivo, que busca construir consensos para impulsar su paquete de reformas legislativas.
El diputado Alejandro Medinaceli (PDC), identificado como uno de los legisladores más cercanos al presidente Rodrigo Paz, consideró que las iniciativas gubernamentales podrán encontrar respaldo si responden a demandas concretas de las regiones.
“Lo que se va a tocar ahora es que cada legislador defienda su región”, señaló Medinaceli.
El legislador sostuvo que difícilmente un parlamentario se oponga a proyectos que generen beneficios directos para su departamento.
“No creo que haya un diputado paceño que se vaya a oponer a una inversión para encontrar gas en el norte de La Paz. No creo que haya un diputado orureño que se vaya a oponer a que lleven proyectos de riego a su región”, afirmó.
En la misma línea, el senador del PDC Freddy Castillo señaló que, si bien existen orientaciones políticas dentro de las organizaciones, los legisladores deben priorizar los intereses de sus regiones.
“No porque la línea política te diga ‘no’, tú vas a no aprobar un proyecto de interés nacional para tu región, imagínate”, manifestó.
Zegarra, por su parte, aseguró que la actual composición legislativa ha reducido la capacidad de influencia de los líderes partidarios sobre las decisiones parlamentarias.
“Ellos ya no son los caciques y los mandamases en los partidos”, sostuvo, al señalar que los legisladores actuarán en función de las necesidades regionales y no únicamente de instrucciones políticas.
Un ejemplo de esta nueva lógica se observa en el debate sobre el Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, planteó cinco condiciones para que la bancada de legisladores afines a Libre respalde la norma. Entre las demandas figura que el Gobierno central asuma el financiamiento de programas y beneficios que actualmente son cubiertos por las gobernaciones, como bonos de vacunación, prediarios y títulos de bachiller.
La situación refleja una reconfiguración de la actividad legislativa, en la que las alianzas partidarias pierden cohesión y los intereses departamentales adquieren un papel determinante en la construcción de mayorías y la aprobación de leyes dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
