El diputado Carlos Alarcón, vocero de la comisión especial de investigación que indagó presuntos actos de corrupción vinculados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sostuvo que todas las personas identificadas en el informe como presuntos responsables deberían recibir el mismo tratamiento judicial que el exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli, aprehendido recientemente en el marco del caso de la denominada “gasolina basura”.
“Todos los que están mencionados en el informe como presuntos responsables deberían ser tratados de la misma manera de las dos gestiones de gobierno y de las dos administraciones de YPFB”, afirmó Alarcón en declaraciones a Urgente.bo.
Medinaceli fue aprehendido en la ciudad de La Paz y trasladado a dependencias de la Fiscalía Departamental, donde se desarrollan las investigaciones relacionadas con la importación y distribución de combustible cuestionado por presuntos problemas de calidad.
Según el informe elaborado por la comisión legislativa, dentro del nivel ejecutivo del Estado existirían responsabilidades vinculadas a la flexibilización normativa que permitió la internación de combustibles bajo procedimientos excepcionales.
El documento menciona al expresidente Luis Arce Catacora, a los exministros Alejandro Gallardo y Mauricio Medinaceli, además de otras autoridades, por la aprobación y emisión de los decretos supremos 5218 de 2024 y 5313 de 2025.
De acuerdo con las conclusiones de la comisión, estas disposiciones sustituyeron mecanismos de control legal y técnico por requisitos considerados más flexibles, generando condiciones para la importación de carburantes sin los controles de calidad habituales.
Asimismo, el informe identifica a exautoridades y funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) por presuntas omisiones de fiscalización y por la emisión de autorizaciones excepcionales a favor de YPFB.
Entre los mencionados figuran los exdirectores Germán Jiménez, Joel Callau Justiniano y Margot Ayala, además de otros funcionarios que habrían participado en la aprobación de resoluciones administrativas de importación urgente.
La comisión sostiene que dichas autorizaciones permitieron el ingreso de combustibles sin la presentación de determinados certificados de calidad y sin la ejecución de controles posteriores adecuados.
En otro apartado del informe también se menciona al expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, al empresario Yussef Akly y a otras personas por presuntas responsabilidades relacionadas con la internación de combustible considerado inestable.
Según el documento legislativo, estos actores podrían estar vinculados a delitos como conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Las investigaciones continúan en el Ministerio Público, instancia que deberá determinar la existencia de responsabilidades penales individuales y definir las acciones procesales que correspondan contra las personas mencionadas en el informe.
