La dirigencia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), encabezada por Víctor Hugo Roca, denunció este miércoles un presunto intento de toma violenta de su sede nacional en la ciudad de La Paz, hecho que dejó daños materiales en las oficinas y agresiones contra dirigentes que se encontraban en el lugar.
Según Roca, alrededor de 50 personas irrumpieron en las instalaciones de la organización mientras se desarrollaba una reunión relacionada con el censo agropecuario, provocando destrozos y obligando a los dirigentes a abandonar temporalmente las oficinas.
“Hoy han venido casi 50 personas, nos han golpeado, nos han sacado de la oficina y han venido a destrozar lo poco que tenemos. No puedo decir que sean compañeros orgánicos, ha venido un grupo vándalo”, afirmó el dirigente.
De acuerdo con su versión, cuatro integrantes de la directiva se encontraban dentro de la sede cuando fueron sorprendidos por el grupo, cuyos miembros —según denunció— actuaban encapuchados y utilizando barbijos para ocultar su identidad.
Roca indicó que vecinos y afiliados de la organización colaboraron para recuperar el control de las instalaciones y advirtió que existen amenazas de un nuevo intento de toma en los próximos días.
El dirigente atribuyó la acción a un grupo afín a David Quispe y aseguró que los agresores afirmaban contar con respaldo gubernamental. En ese contexto, cuestionó la actuación del viceministro de Movimientos Sociales, a quien acusó de promover la división dentro del sector campesino.
Asimismo, pidió al presidente Rodrigo Paz asumir medidas para evitar una mayor confrontación entre organizaciones sociales y garantizar el respeto a la institucionalidad sindical.
Roca también defendió la legitimidad de su dirigencia, señalando que fue elegida en un congreso nacional y cuestionó a la Central Obrera Boliviana (COB) por reconocer a David Quispe como representante del sector.
Según explicó, las diferencias internas se profundizaron después de que su organización decidiera no respaldar los bloqueos que se extendieron durante 53 días y las demandas que exigían la renuncia del presidente, al considerar que esas movilizaciones respondían a intereses políticos y perjudicaban al país.
“El delito que cometí es no sumarme a los bloqueos de los 53 días que hicieron daño al país, que hicieron daño a este departamento”, sostuvo.
La controversia entre ambas facciones también se remonta a mayo pasado, cuando Roca participó en la firma de un acta de coordinación y trabajo con el Gobierno relacionada con la Ley 1720. En aquella oportunidad, sectores campesinos e indígenas movilizados cuestionaron su actuación y lo acusaron de alinearse con el Ejecutivo mientras mantenían protestas en demanda de la abrogación de la norma.
Pese a las críticas, el dirigente defendió su postura y aseguró que su gestión está orientada al diálogo y la coordinación institucional con el Gobierno para atender las necesidades del sector campesino.
“Cuando asumí he dicho: ‘he venido a trabajar, a hacer gestiones, a coordinar con el gobierno’. Y nos hemos sentado con el presidente. No estamos en contra, no hemos venido a pedir renuncia al presidente”, manifestó.
Hasta el momento, no se conoció una versión oficial del grupo señalado por Roca ni de las autoridades mencionadas en la denuncia.
