La Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) solicitó que los contratos de compraventa de bienes inmuebles afectados por la aplicación del nuevo régimen de tipo de cambio flotante sean evaluados de manera individual y no bajo criterios generales, en medio de la controversia generada por denuncias de compradores que cuestionan incrementos en sus cuotas.
El pronunciamiento surge después de que autoridades de Defensa del Consumidor anunciaran la revisión de contratos suscritos entre empresas inmobiliarias y clientes, ante reclamos relacionados con ajustes económicos derivados de las nuevas condiciones cambiarias.
A través de un comunicado institucional, la CBDI señaló que cualquier solución debe construirse mediante el diálogo entre las partes y con pleno respeto al marco legal vigente.
“Cada contrato responde a condiciones y obligaciones específicas. Por ello, cualquier análisis o solución debe realizarse caso por caso, considerando lo expresamente pactado, la normativa vigente y las particularidades de cada relación contractual”, sostuvo la entidad.
La organización advirtió que la aplicación de criterios generales a situaciones jurídicas diferentes podría generar efectos negativos, incrementando la incertidumbre y afectando la seguridad jurídica tanto para compradores como para empresas desarrolladoras.
Asimismo, la cámara expresó su comprensión ante la preocupación manifestada por las familias que mantienen contratos inmobiliarios vigentes y reconoció el impacto que los cambios económicos pueden tener sobre los compromisos asumidos.
La CBDI destacó que detrás de cada contrato existe el esfuerzo de familias que buscan consolidar un patrimonio propio, así como el compromiso de empresas que ejecutan proyectos de inversión a largo plazo y que también enfrentan desafíos derivados del contexto económico.
En ese sentido, informó que las empresas asociadas mantienen abiertos sus canales de atención para revisar cada situación de manera individual, con el propósito de encontrar alternativas y acuerdos dentro del marco legal y bajo principios de buena fe contractual.
La entidad también manifestó su respaldo a los espacios de diálogo impulsados por el Estado para abordar la problemática y reiteró su disposición de aportar criterios técnicos que permitan construir soluciones equilibradas y sostenibles para todas las partes involucradas.
La discusión sobre los contratos inmobiliarios se desarrolla en un contexto de ajustes económicos vinculados al nuevo régimen cambiario, situación que ha generado inquietud entre compradores y desarrolladores respecto al cumplimiento de obligaciones pactadas en distintos proyectos habitacionales y comerciales.
