El abogado Abel Loma, defensor del comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, responsabilizó al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, de encabezar una presunta campaña destinada a desprestigiar al jefe policial y afectar la gestión del Gobierno.
Las declaraciones surgieron tras la difusión de audios atribuidos a Sokol, que derivaron en la apertura de una investigación penal. Según Loma, las grabaciones fueron editadas y sacadas de contexto, por lo que cuestionó tanto su publicación en medios de comunicación como la rapidez con la que el Ministerio Público inició actuaciones a partir de una denuncia presentada por el vicepresidente Edmand Lara.
A criterio del jurista, existe una estrategia orientada a provocar la salida del comandante policial y preservar intereses dentro de la institución verde olivo.
“Creo que la Fiscalía General está desplegando una campaña contra el Gobierno. Es decir, contra Rodrigo Paz. Y tiene un nombre el autor y creo que se llama Roger Mariaca y hay que decir bien claro. Y no solamente lo ha dicho mi persona, lo ha dicho algunos diputados, algunos analistas, que Roger Mariaca tiene la intencionalidad de dañar la gestión de Gobierno”, afirmó Loma durante una entrevista
El abogado también cuestionó declaraciones atribuidas al fiscal general respecto a una eventual aprehensión de Sokol, al considerar que constituyen una señal de presión contra la máxima autoridad policial.
Asimismo, vinculó la situación con investigaciones relacionadas con el narcotráfico y el caso del ciudadano uruguayo Sebastián Marset. Según sostuvo, información que pudiera llegar desde Estados Unidos permitiría conocer el alcance de una supuesta infiltración del narcotráfico en instituciones estatales.
No obstante, aclaró que no pretende afirmar que esa influencia haya alcanzado al fiscal general o al vicepresidente. “No quiero pensar que el narcotráfico ha permeado hasta el señor Roger Mariaca. No quiero pensar eso”, manifestó.
Respecto al vicepresidente Edmand Lara, Loma señaló que podría estar siendo utilizado para impulsar una eventual destitución de Sokol o formar parte de un grupo interesado en recuperar espacios de control dentro de la Policía.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni las autoridades aludidas se pronunciaron públicamente sobre las acusaciones formuladas por el abogado del comandante policial.
