El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este lunes el despliegue de 4.000 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas en Quito como parte de un plan especial destinado a reforzar la seguridad y contener el incremento de la violencia atribuida a organizaciones criminales.
La medida forma parte del denominado Plan de Protección de Quito, que contempla la movilización de 2.000 policías y 2.000 militares adicionales en distintos puntos estratégicos de la capital ecuatoriana.
“Una capital segura se transmite a un país seguro. Ya defendimos una vez esta ciudad de quienes pretendían imponer el caos y la anarquía, hoy lo volveremos a hacer”, afirmó Noboa en un mensaje difundido a través de redes sociales.
El mandatario advirtió además que el Estado responderá con firmeza a cualquier intento de desestabilización por parte de grupos criminales.
“A quienes creen que pueden intimidar al Estado y su capital, les digo una sola cosa: cada ataque tendrá una respuesta más fuerte”, señaló.
Los efectivos serán desplegados en lugares de alta concentración de personas, entre ellos oficinas públicas, unidades educativas, estaciones del Metro de Quito, terminales y paradas de transporte público, mercados, entidades bancarias y barrios considerados prioritarios.
Según información difundida por medios ecuatorianos, los operativos se concentrarán en los horarios de mayor movimiento ciudadano, entre las 04:00 y las 11:00 de la mañana, y entre las 17:00 de la tarde y las 02:00 de la madrugada.
El plan también contempla el uso de aproximadamente 100 vehículos y motocicletas, además de 20 drones destinados a fortalecer las tareas de vigilancia, control territorial y respuesta rápida ante incidentes.
Las autoridades informaron que se incrementarán los controles en los accesos a Quito y en sectores identificados con mayor presencia de estructuras criminales.
La decisión se produce en un contexto marcado por la persistencia de la crisis de seguridad que afecta a Ecuador. Actualmente, Quito y varios cantones de al menos diez provincias continúan bajo estado de excepción debido a los elevados índices de violencia y a las actividades de organizaciones vinculadas al crimen organizado.
El Gobierno ecuatoriano sostiene que estas medidas buscan recuperar el control territorial, proteger a la población y reforzar la presencia del Estado en zonas consideradas de riesgo.
