El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se abstuvo este lunes de prestar declaración en calidad de denunciado dentro de la investigación por la presunta malversación de recursos destinados al proyecto del viaducto del Cuarto Anillo y la doble vía a La Guardia.
La exautoridad municipal acudió a dependencias de la Dirección Especial de Lucha Contra el Crimen (Delcc) para cumplir con una citación emitida por el Ministerio Público, en el marco de las investigaciones sobre la ejecución de la obra.
Al concluir su comparecencia, Fernández aseguró que cuenta con la documentación necesaria para respaldar su actuación durante su gestión al frente de la Alcaldía cruceña.
“Yo estoy tranquilo, tengo todos los respaldos, he sido alcalde. Y tengo que demostrar con documentos, porque es con documentos que se demuestran las cosas; por eso el proceso sigue todavía. Cada una de las partes va a demostrar, con documentación real y legal, lo que hizo”, declaró.
El exalcalde indicó que existen aspectos del caso que continúan en análisis y señaló que aguardará el avance de las investigaciones. Asimismo, afirmó que volverá a presentarse ante las autoridades si es nuevamente convocado.
En su defensa, sostuvo que la administración municipal involucra la participación de diversas instancias técnicas y administrativas, y no únicamente la figura del alcalde. También reiteró que demostrará su inocencia mediante documentación y consideró que el proceso tiene motivaciones políticas.
Fernández compareció este lunes después de que dos citaciones anteriores fueran suspendidas. La primera debido a que se presentó sin su abogado defensor y la segunda por una baja médica.
Por su parte, el actual alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, pidió que el exburgomaestre responda ante la justicia por la ejecución de la obra y el destino de los recursos asignados al proyecto.
“Él tiene que responder por una denuncia que se hizo, por un viaducto en la doble vía del Cuarto Anillo. Se sacó un crédito, en este momento no hay la plata, no hay el viaducto; solo hay una deuda: 66 millones de bolivianos que tendría que haber costado”, afirmó Saavedra.
La investigación busca establecer si existieron irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la construcción del viaducto y determinar eventuales responsabilidades administrativas o penales.
