A 17 años del operativo en el Hotel Las Américas, el caso continúa generando procesos y denuncias en diferentes instancias nacionales e internacionales por las presuntas vulneraciones de derechos humanos cometidas contra personas vinculadas al proceso iniciado tras los hechos de abril de 2009.
El abogado Gary Prado informó que actualmente existen actuaciones en la Fiscalía de La Paz, la Fiscalía de Santa Cruz, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una de las causas se originó en 2010, cuando se presentó una denuncia ante la Defensoría del Pueblo por las presuntas vejaciones y torturas sufridas por Juan Carlos Guedes Bruno, quien permaneció encarcelado durante más de una década y posteriormente fue absuelto.
Prado señaló que esta investigación se tramita ante la Fiscalía de La Paz, pero que hasta ahora no registró avances significativos. Incluso, según el abogado, en determinado momento se intentó cerrar el caso argumentando que no se habían aportado suficientes elementos.
Sin embargo, explicó que al tratarse presuntamente de un delito de lesa humanidad, la posibilidad de prescripción fue rechazada. Pese a ello, cuestionó la falta de seguimiento y diligencia por parte de los responsables de la investigación.
“Esta es una causa abierta que tiene vínculo con lo que ocurrió en el Hotel Las Américas y más adelante en este caso con la vida de Juan Carlos Guedes, que fue sometido a vejaciones y torturas”, afirmó.
Petición ante la CIDH
Otra de las acciones fue presentada en 2010 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, por la madre del ciudadano irlandés Michael Dwyer, fallecido durante el operativo del Hotel Las Américas, además de los abogados de Elöd Tóásó, Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes.
Según Prado, el trámite permaneció durante aproximadamente 16 años en el sistema interamericano y actualmente se encuentra próximo a una etapa de juicio contra el Estado boliviano.
El abogado aclaró que en esta instancia no se juzga individualmente a las personas involucradas, sino que se analiza la responsabilidad internacional del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Inicialmente, estaba previsto que el proceso comenzara en septiembre durante las sesiones de la Corte en Montevideo, Uruguay. Sin embargo, indicó que por razones administrativas fue postergado hasta noviembre.
Prado sostuvo que este proceso se relaciona con las presuntas violaciones de derechos humanos sufridas por Dwyer, Guedes, Mendoza y Tóásó, quienes durante años fueron señalados públicamente como integrantes de una supuesta célula separatista.
Según el abogado, publicaciones difundidas por instituciones estatales y diferentes medios de comunicación los presentaron como terroristas, situación que forma parte de los cuestionamientos planteados ante el sistema interamericano.
Nuevas denuncias contra exautoridades
Prado también señaló que posteriormente fueron presentadas otras peticiones ante la CIDH por casos relacionados con Branko Marinkovic, Zvonko Matkovic, Ronald Castedo, Hugo Paz, Gelafio Santisteban y su hijo, además de Juan Carlos Santisteban.
A estas acciones se suma la denuncia penal presentada recientemente por Alfredo Saucedo ante la Fiscalía de Santa Cruz contra 153 exautoridades, a quienes atribuye responsabilidades por presuntas vulneraciones de derechos humanos.
De acuerdo con Prado, estos casos también podrían avanzar posteriormente en el sistema interamericano y derivar, eventualmente, en procesos contra el Estado boliviano.
¿Por qué Evo Morales no figura en la denuncia contra 153 exautoridades?
Respecto a la ausencia del expresidente Evo Morales en la denuncia contra las 153 exautoridades, Prado explicó que un eventual proceso penal contra el exmandatario tendría un procedimiento diferente debido a su condición de expresidente.
Según el abogado, si Morales fuera denunciado por delitos que requieren un juicio de responsabilidades, el caso inicialmente tendría que ser remitido a la Fiscalía General del Estado.
Además, recordó que la legislación boliviana establece un procedimiento de única instancia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para este tipo de procesos.
Prado cuestionó esta modalidad debido a que la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el derecho a recurrir una sentencia ante una instancia superior.
En ese sentido, sostuvo que si Morales fuera juzgado únicamente ante el TSJ, su defensa podría argumentar que se vulneró su derecho a una segunda instancia y solicitar la nulidad del proceso.
El abogado consideró que este aspecto constituye una dificultad jurídica adicional para iniciar un eventual juicio de responsabilidades contra el exmandatario bajo el procedimiento actualmente previsto en Bolivia.
