La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) cuestionaron la demora del Estado en la aplicación de medidas para enfrentar la crisis económica y advirtieron que el tiempo perdido tendrá consecuencias para el país.
En un pronunciamiento conjunto denominado “El país tiene dos relojes”, ambas organizaciones señalaron que existe una creciente brecha entre la velocidad con la que se deteriora la economía real y el ritmo de respuesta de las instituciones públicas.
“Lo que falta no es información, lo que falta es velocidad”, sostuvieron.
El empresariado cruceño afirmó que la escasez de combustible, la pérdida de mercados y capitales luego de los 50 días de bloqueos, además del agotamiento de los campos hidrocarburíferos, forman parte de una crisis que continúa golpeando a empresas de diferentes tamaños y sectores.
Piden garantizar el diésel
Como una de las medidas más urgentes, la CAO y Cainco reclamaron al Estado garantizar el abastecimiento de diésel.
Según el pronunciamiento, los surtidores de Santa Cruz reciben actualmente apenas el 30% del volumen de combustible que requiere el departamento, situación que afecta directamente a las actividades productivas.
Las entidades recordaron que el sector agropecuario consume aproximadamente el 16% del diésel y genera alrededor del 77% de los alimentos que necesita Bolivia.
También solicitaron simplificar las autorizaciones para el uso de biocombustibles y transparentar los volúmenes de combustible despachados diariamente a cada región.
El documento señala que Bolivia importa 9,5 de cada 10 litros de diésel que consume y plantea que una mayor utilización de etanol podría contribuir a reducir la dependencia de las compras externas.
Observaciones a la Ley de Inversiones
Respecto al ámbito legislativo, las cámaras empresariales consideraron necesaria una Ley de Inversiones, aunque expresaron preocupación por el proceso de tratamiento del proyecto.
Según la CAO y Cainco, la iniciativa ingresó a la Asamblea Legislativa y compite con otros tres proyectos, pero todavía no fue radicada en una comisión ni cuenta con una fecha definida para su debate.
Las organizaciones señalaron que realizaron un análisis de los 103 artículos del proyecto e identificaron “vicios” que deberían ser corregidos antes de su eventual aprobación.
Advirtieron que la urgencia por aprobar una norma no debe convertirse en improvisación, debido a que una ley con problemas previsibles podría terminar judicializada y generar nuevamente la incertidumbre que busca resolver.
Alertan sobre hidrocarburos, minería y electricidad
La preocupación empresarial también se extendió a los sectores de hidrocarburos, minería y electricidad.
Las entidades sostuvieron que una reforma energética requerirá al menos cinco años para comenzar a mostrar resultados y una década para estabilizar la producción.
“La demora de hoy se pagará mañana”, enfatizaron.
En ese sentido, reclamaron a la Asamblea Legislativa establecer un calendario de trabajo y cumplirlo, debido a que las disputas políticas, según señalaron, no pueden continuar retrasando decisiones en un país que ya no tendría margen para asumir mayores costos.
Las cámaras también remarcaron que una normativa moderna, por sí sola, no será suficiente para atraer inversiones. A su criterio, el capital necesita condiciones sostenidas para operar, entre ellas disponibilidad de combustible, dólares, caminos abiertos y reglas claras.
Finalmente, la CAO y Cainco reivindicaron el papel del sector productivo y aseguraron que existe capacidad para aumentar la producción y generar mayores divisas, incluso sin ampliar la superficie cultivada.
“Falta que el Estado ponga su reloj a la hora del país”, señalaron, al advertir que “el tiempo que se pierde no vuelve”.
