El Decreto Supremo 5676, aprobado el domingo 16 de agosto y que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para los denominados grandes consumidores, generó rechazo entre productores, transportistas, cooperativistas mineros y representantes empresariales, mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta para reducir el contrabando y sincerar los costos del combustible.
La norma mantiene el precio regulado de Bs 9,80 por litro para el resto de los consumidores, mientras establece un tratamiento diferenciado para determinados usuarios en función de su nivel de consumo mensual.
La CAO exige una liberación completa
El vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Yamil Nacif, expresó el rechazo del sector productivo cruceño y cuestionó que la medida pueda generar un mercado paralelo de combustible.
“Expresamos un no rotundo. La CAO rechaza rotundamente el decreto, porque el precio diferenciado solo alienta el mercado negro”, afirmó.
Nacif sostuvo que el decreto tampoco resolverá la escasez de diésel y planteó como alternativa una liberación completa de los precios y el retiro de YPFB de la comercialización de combustibles.
“El Gobierno no soluciona el problema. Queremos la liberación completa de los precios, que YPFB salga de la comercialización de los combustibles, queremos que se transparente todo esto”, señaló.
El Comité de Defensa del Productor (Codepro) también advirtió que la diferencia entre el precio regulado y los Bs 18 establecidos para grandes consumidores podría incentivar la reventa y el mercado informal de carburantes.
Transportistas advierten aumento de tarifas
La Confederación de Choferes de Bolivia también cuestionó la disposición. Su ejecutivo, Lucio Gómez, afirmó que los principales afectados serán los transportistas de larga distancia.
Como ejemplo, explicó que un viaje entre La Paz y Cochabamba requiere al menos 350 litros de diésel, mientras que el tramo entre Cochabamba y Santa Cruz demanda alrededor de 250 litros.
Según Gómez, el incremento del costo del carburante tendrá un impacto directo en la estructura de costos del transporte y podría derivar en un aumento de las tarifas.
Empresas alertan sobre impacto en la cadena productiva
La Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) Chuquisaca expresó su preocupación debido a que varias de sus empresas afiliadas se encuentran dentro de la categoría de grandes consumidores por sus necesidades operativas.
La institución consideró que la solución a las largas filas en los surtidores no debería trasladar el costo a las empresas formales.
“El impacto, por tanto, no termina en el surtidor: alcanza a proveedores, transporte, contratos, consumidores, y a toda la cadena productiva”, señaló la organización.
Gobierno defiende el DS 5676
Frente a las críticas, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió la medida y explicó que el objetivo es sincerar los costos del diésel para reducir el gasto que representa para el Tesoro General del Estado (TGE).
Según el Gobierno, la comercialización del combustible a precios inferiores a los internacionales genera una fuerte distorsión económica, agravada por el contrabando y el contexto internacional.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó que la medida busca generar resultados especialmente a mediano plazo y frenar el desvío de combustible hacia mercados ilegales.
“Creemos que el efecto a mediano plazo va a ser muy importante porque gran parte de todo esto se está yendo al contrabando”, manifestó.
Blanco explicó que el decreto establece una regulación específica para tres sectores, de acuerdo con sus niveles de consumo mensual de carburantes.
Contrabando, el principal argumento oficial
El Gobierno sostiene que parte importante del combustible subsidiado termina en redes de contrabando que generan ganancias ilícitas millonarias.
Entre las modalidades identificadas se encuentra el abastecimiento de diésel en zonas urbanas mediante pequeños contenedores conocidos como “bombuchas”.
Según Blanco, resulta llamativo que estos envases sean utilizados para cargar combustible en determinadas zonas donde no existe una actividad productiva que justifique su uso, lo que, a criterio de la autoridad, constituye un indicio de que el carburante tendría como destino final el mercado ilegal.
Mientras el Ejecutivo insiste en que el DS 5676 permitirá reducir las pérdidas y combatir el contrabando, los sectores productivos y de transporte advierten que el precio de Bs 18 por litro puede elevar sus costos y terminar trasladándose a los precios de bienes y servicios.
