La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) pidió al Gobierno de Rodrigo Paz abrogar el Decreto Supremo 5676, que establece en Bs 18 por litro el precio referencial del diésel para grandes consumidores, mientras el Ejecutivo defendió la medida y afirmó que forma parte de los condicionamientos planteados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El pedido fue planteado por el presidente de la FAM-Bolivia, Johnny Torres, durante la reunión entre el Gobierno nacional y representantes de los municipios del país.
“Por unanimidad, señor presidente, pedimos que se derogue el decreto de imposición de 18 bolivianos por litro a los GRACOs”, manifestó Torres ante el presidente Rodrigo Paz.
La respuesta del Ejecutivo estuvo a cargo del ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, quien señaló que el Decreto Supremo 5676 está relacionado con los compromisos asumidos en el marco de las gestiones de financiamiento con el FMI.
“El decreto 5676 al que hacía referencia el señor presidente de la FAM es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del Fondo Monetario Internacional en tanto liberación del precio de los hidrocarburos, porque no es sostenible que el Estado financie una partida que ha tenido un componente de corrupción muy grande”, afirmó Aramayo.
Municipios y productores cuestionan el precio del diésel
El rechazo de la FAM-Bolivia se suma a las demandas planteadas por distintos sectores productivos, que consideran que el incremento del precio referencial del diésel elevará los costos de producción y terminará repercutiendo en el precio de los productos para la población.
Productores de Santa Cruz y de otros departamentos también otorgaron un plazo hasta este domingo al Gobierno para abrogar la norma y advirtieron que, de no ser atendida su demanda, acudirán al Comité Pro Santa Cruz para solicitar la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad, donde podrían definirse nuevas medidas de presión.
Mientras tanto, el Gobierno sostiene que la modificación del esquema de precios de los combustibles responde a la necesidad de reducir la carga económica que representa para el Estado la subvención de los carburantes.
Gobierno advierte de una “asfixia fiscal”
Durante el encuentro con los representantes municipales, Aramayo también alertó sobre la situación económica del país y afirmó que Bolivia atraviesa una etapa de “asfixia fiscal”.
En ese contexto, planteó que el debate sobre las autonomías no se limite únicamente a la distribución de recursos, sino que también contemple la sostenibilidad fiscal, la revisión de competencias y una mayor eficiencia en la asignación de los recursos públicos.
Respecto a la propuesta de distribución 50/50, el ministro sostuvo que el debate debe incluir mecanismos destinados a generar mayores ingresos y riqueza para el país.
“No nos vamos a poner a distribuir pobreza”, afirmó Aramayo.
El Decreto Supremo 5676 continúa generando rechazo entre productores, gobiernos municipales y otros sectores, mientras el Ejecutivo mantiene su posición de que la medida es necesaria dentro de su estrategia económica y de los compromisos vinculados a la búsqueda de financiamiento internacional.
