Santa Cruz.– El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, alertó este miércoles sobre el incremento de la violencia en las cárceles de Bolivia, donde en lo que va de 2026 se registraron 17 muertes, cifra que supera en dos los fallecimientos violentos reportados durante todo 2025.
“Hay un proceso de producción de violencia muy trascendente, con una cifra no vista antes, porque son 17 muertes violentas en lo que va del año en Bolivia”, señaló Callisaya durante la inauguración del Seminario Internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América”, desarrollado en Santa Cruz.
Más de 33.000 personas están privadas de libertad
La autoridad atribuyó el incremento de la violencia a una grave crisis de justicia en el ámbito penitenciario y alertó sobre las condiciones en las que permanecen las personas privadas de libertad.
Según los datos expuestos, más de 33.000 personas se encuentran recluidas en 46 recintos penitenciarios del país.
Callisaya señaló que el hacinamiento alcanzó niveles críticos en algunos centros penitenciarios, entre ellos San Pedro de La Paz y Palmasola de Santa Cruz, situación que también genera dificultades en los servicios de salud, seguridad y alimentación.
Más de la mitad está con detención preventiva
El Defensor del Pueblo también cuestionó el elevado porcentaje de personas privadas de libertad que aún no cuentan con una sentencia.
De acuerdo con los datos mencionados, el 53,9% de la población penitenciaria se encuentra bajo detención preventiva.
Callisaya observó que esta situación contribuye a que las cárceles terminen funcionando como espacios de confinamiento, sin que se resuelvan de manera efectiva las condiciones estructurales que favorecen la violencia, los malos tratos y la vulneración de derechos.
Piden fortalecer la prevención de la tortura
Ante este panorama, el Defensor del Pueblo exhortó al Estado a fortalecer los mecanismos independientes de prevención de la tortura, garantizando que cuenten con los recursos necesarios para desarrollar sus funciones.
También pidió que estos mecanismos tengan un acceso efectivo a los centros de custodia y puedan realizar labores de supervisión y prevención de manera independiente.
Callisaya sostuvo que la situación de las cárceles requiere una respuesta integral que permita reducir el hacinamiento, mejorar las condiciones de reclusión y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
El incremento de las muertes violentas registrado en los primeros meses de 2026 vuelve a poner en el centro del debate la crisis del sistema penitenciario boliviano y la necesidad de adoptar medidas para prevenir nuevos hechos de violencia dentro de los centros de reclusión.
