El Gobierno de Rodrigo Paz se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a eliminar la subvención a los combustibles en 2027, como parte del programa económico vinculado al préstamo de $us 1.900 millones que el Ejecutivo remitió hace una semana a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su aprobación.
El acuerdo establece una serie de objetivos y medidas estructurales orientadas a garantizar la estabilidad macroeconómica del país, entre ellas la reducción del gasto público, la sostenibilidad de la deuda, la protección de sectores vulnerables y la transición hacia un régimen de tipo de cambio flexible.
Uno de los principales compromisos está relacionado con los precios de los combustibles. El documento señala que, a corto plazo, la reordenación de los precios relativos, incluido el ajuste del tipo de cambio y la eliminación gradual de la subvención, podría generar un retraso en el proceso de reducción de la inflación.
“Se prevé que, a corto plazo, la necesaria reordenación de los precios relativos —incluido el ajuste del tipo de cambio y la eliminación gradual de la subvención a los combustibles— cause un retraso en el proceso de desinflación”, señala el acuerdo.
En ese marco, el Gobierno plantea que la subvención sea eliminada completamente en 2027, mientras se incrementa el gasto destinado a programas de asistencia social para reducir el impacto de los mayores precios sobre los sectores más vulnerables.
“Al hilo de la iniciativa que se materializa en los Decretos Supremos 5516 y 5652, nos proponemos eliminar las subvenciones al combustible en 2027, al mismo tiempo que aumentamos el gasto específico en asistencia social”, señala el documento.
presupuesto 2027 ya no contemplará la subvención
El acuerdo establece que el Presupuesto General del Estado (PGE) correspondiente a 2027 no incluirá disposiciones destinadas a financiar la subvención a los combustibles, ni mediante recursos del Tesoro ni a través de empresas estatales.
Asimismo, se prevé que los precios internos de los carburantes alcancen el nivel de recuperación de costos a partir de enero de 2027, en línea con lo establecido por el Decreto Supremo 5652.
El Gobierno también se comprometió a fortalecer el marco institucional de protección social focalizada, con el objetivo de mitigar el impacto que tendrán los mayores precios de los combustibles sobre los hogares vulnerables.
El acuerdo contempla incluso la posibilidad de establecer apoyos temporales y dirigidos a determinados grupos prioritarios durante el proceso de transición, en caso de que sea necesario.
reducción del gasto público y reformas laborales
Entre las medidas estructurales también figura el compromiso de reducir los gastos destinados a las remuneraciones del sector público.
Bolivia prevé además impulsar reformas estructurales orientadas a disminuir los niveles de informalidad y promover la generación de empleos de mayor calidad.
Estas medidas forman parte del programa económico presentado ante el FMI, que busca reducir los desequilibrios fiscales y fortalecer las condiciones para una recuperación económica sostenible.
cambios en el BCB y empresas estatales
Otro de los compromisos está relacionado con el Banco Central de Bolivia (BCB). El Gobierno plantea mejorar su autonomía y gobernanza, además de fortalecer los mecanismos de intervención cambiaria para garantizar que sean compatibles con un régimen de tipo de cambio flexible determinado por las condiciones del mercado.
El programa también contempla la reestructuración de las empresas estatales, con el propósito de mejorar su eficiencia y reducir la presión que representan sobre las finanzas públicas.
De esta manera, el eventual desembolso del crédito de $us 1.900 millones del FMI estará acompañado por una serie de compromisos fiscales, cambiarios y estructurales que marcarán la política económica del Gobierno durante los próximos meses y, especialmente, a partir de 2027, cuando está prevista la eliminación de la subvención a los combustibles.
