ABOLAC pide al Gobierno garantizar la estabilidad laboral del SERNAP y anuncia estado de emergencia en defensa de los derechos de los trabajadores.
La Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (ABOLAC) advirtió con movilizaciones pacíficas hacia la sede de Gobierno y anunció que se declarará en estado de emergencia si sus demandas no son atendidas por las autoridades, en medio de una disputa por la estabilidad laboral del personal del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP).
A través de una resolución, la organización exigió al Ministerio de Producción dejar sin efecto la nota mediante la cual se solicita poner a disposición los cargos del personal de las áreas protegidas y demandó garantizar la continuidad laboral de los guardaparques.
La medida cuestionada corresponde a la nota con CITE: CAR/MPSMAYA/DGAJ No. 0288/2026, de fecha 28 de agosto, emitida por el ministro Óscar Mario Justiniano Pinto.
Cuestionan instrucción de poner cargos a disposición
De acuerdo con la resolución de ABOLAC, la Dirección Ejecutiva del SERNAP comunicó a directores, jefes de Protección y guardaparques, mediante una reunión por Zoom, la instrucción de poner a disposición sus cargos.
La determinación fue justificada bajo el argumento de garantizar una “transición ordenada y adecuada” hacia una nueva estructura institucional, en el marco del Decreto Supremo 5675.
Sin embargo, la asociación expresó su rechazo y cuestionó que la medida no considere la experiencia, trayectoria, compromiso y los años de servicio de los trabajadores dedicados a la protección y conservación del patrimonio natural y cultural de Bolivia.
ABOLAC sostiene que esta situación podría vulnerar los derechos laborales de los guardaparques y debilitar la institucionalidad encargada de proteger las áreas protegidas del país.
Anunciarán denuncias ante organismos de derechos humanos
Ante esta situación, la organización anunció que denunciará lo que considera un intento de vulneración de los derechos laborales de los guardaparques ante la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, la Federación Internacional de Guardaparques, organismos de cooperación internacional, comités de gestión, colectivos ambientales y organizaciones de la sociedad civil.
La asociación también demandó que el Estado y la cooperación internacional prioricen programas destinados al fortalecimiento institucional de las áreas protegidas, con recursos suficientes para atender las necesidades de los trabajadores y garantizar el cumplimiento de sus funciones.
Entre las principales demandas se encuentran:
- Presupuesto para infraestructura y campamentos.
- Mantenimiento de vehículos, motores y embarcaciones.
- Provisión de combustible, equipamiento, uniformes y equipos de protección personal.
- Herramientas para el control de incendios forestales.
- Contratación de más guardaparques.
- Seguros de vida y accidentes.
- Ajuste y nivelación de la escala salarial, acorde con la situación actual y la pérdida del poder adquisitivo.
Alertan por amenazas a las áreas protegidas
Según ABOLAC, el fortalecimiento de la institucionalidad y la estabilidad laboral son fundamentales para que los guardaparques puedan cumplir su labor frente a amenazas que afectan al patrimonio natural y cultural del país.
Entre ellas mencionó la minería ilegal, los avasallamientos, los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la apertura ilegal de caminos, los incendios forestales, la tala, la cacería y el tráfico de fauna silvestre.
La organización considera que la falta de recursos, personal y condiciones adecuadas de trabajo limita la capacidad de respuesta frente a estas actividades.
Piden audiencia con Rodrigo Paz
Finalmente, ABOLAC reiteró su solicitud de audiencia y diálogo con el presidente Rodrigo Paz Pereira para exponer sus demandas y buscar soluciones a la situación laboral del personal del SERNAP.
La asociación advirtió que, si los guardaparques no son escuchados, se verá obligada a movilizarse pacíficamente hacia la sede de Gobierno y declararse en estado de emergencia en defensa de sus derechos y de la institucionalidad de las áreas protegidas.
La medida se mantendría hasta que sus representantes sean atendidos por las autoridades correspondientes.
