El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, promulgó este viernes la Ley Departamental de Prevención, Coordinación Interinstitucional y Atención de Contingencias ante Bloqueos de Vías en el departamento, conocida como la “ley antibloqueo”.
La norma busca establecer mecanismos de prevención, coordinación y atención ante situaciones generadas por bloqueos de carreteras y otras medidas de presión que puedan afectar a la población, especialmente cuando estas deriven en hechos violentos y terminen vulnerando los derechos de terceros.
La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, aseguró que la ley no vulnera el derecho constitucional a la protesta.
“Esta ley no vulnera ningún tipo de derecho constitucional establecido, como es el de la legítima protesta, el derecho a poder pronunciarnos, el derecho de todos los elementos que se han ocupado para protestar desde Santa Cruz, como cabildos, paros cívicos, ni siquiera vulnera la manifestación pública, siempre y cuando sea pacífica”, afirmó.
Álvarez remarcó que la norma está orientada a prevenir y atender las contingencias violentas que puedan surgir durante las medidas de presión, particularmente cuando los bloqueos afectan la vida, la salud, la producción, el trabajo y los derechos fundamentales de otras personas.
En ese sentido, sostuvo que defender la protesta pacífica también implica proteger los derechos de quienes quedan perjudicados por situaciones de violencia y que, debido a los bloqueos, no pueden circular, acceder a servicios o desarrollar normalmente sus actividades.
La presidenta de la ALD también rechazó que la normativa haya sido elaborada sin participación de diferentes sectores. Explicó que su construcción se extendió durante cerca de tres meses y contempló mesas técnicas, procesos de socialización, diálogo y concertación.
Según Álvarez, el objetivo es contar con herramientas que permitan a las instituciones departamentales actuar de manera coordinada ante contingencias y brindar atención a las personas que resulten afectadas por medidas de presión violentas.
La promulgación de la norma se produce después de los más de 50 días de bloqueos registrados en el país, periodo durante el cual se reportaron graves consecuencias para la economía de la población y del país, además de afectaciones a los derechos de terceros.
Las autoridades departamentales sostienen que la denominada “ley antibloqueo” busca establecer mecanismos de prevención y respuesta sin restringir la protesta pacífica, mientras sectores que cuestionen la norma podrían observar sus alcances y aplicación.
