La nueva estructura contempla acciones de control, recuperación de activos y seguimiento a presuntos hechos de corrupción en entidades públicas.
El Gobierno, mediante el Decreto Supremo 5706, estableció como prioridad la lucha contra la corrupción y dispuso una nueva estructura para el Viceministerio de Transparencia, que amplía sus competencias en materia de integridad pública, justicia y control de posibles hechos irregulares.
La norma establece que el viceministro de Transparencia se constituirá en el “Representante Gubernamental para la Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia”, con la facultad de coordinar y articular estratégicamente estas materias dentro del Órgano Ejecutivo, así como ante los demás órganos del Estado y las entidades e instituciones públicas y privadas que correspondan.
Nueva estructura y atribuciones
El decreto determina que la cartera de Transparencia pase a denominarse Viceministerio de Transparencia, Lucha Contra la Corrupción, Integridad Pública y Justicia, y contempla tres direcciones generales:
- Gestión de Denuncias y Análisis Estratégico de Datos.
- Acción Anticorrupción y Recuperación de Activos.
- Gobernanza, Integridad Pública y Fortalecimiento a la Justicia.
Entre sus principales atribuciones se encuentra promover, ejecutar, coordinar y evaluar políticas y acciones nacionales orientadas a la integridad pública, la transparencia, la prevención y la lucha contra la corrupción.
Asimismo, tendrá a su cargo el diseño y supervisión del Sistema Nacional de Integridad Pública, además de la formulación de mecanismos destinados a prevenir conflictos de interés y fortalecer la ética en la administración pública.
Control y seguimiento a presuntos hechos de corrupción
El Viceministerio deberá realizar seguimiento y monitoreo de hechos relacionados con presuntos actos de corrupción, así como de los procesos administrativos y judiciales vinculados a estos casos.
La norma también le faculta a ejecutar acciones inmediatas “in situ” en entidades y empresas públicas, mixtas, cooperativas u otras en las que el Estado tenga participación patrimonial.
Estas intervenciones tendrán el propósito de identificar y requerir información o documentación física o digital, que deberá ser proporcionada de manera obligatoria e inmediata, conforme a las disposiciones establecidas en el decreto.
Recuperación de activos y fortalecimiento institucional
Entre las nuevas competencias figura la formulación de políticas para la recuperación, administración, registro, control y destino de bienes y activos recuperados a favor del Estado, derivados de actos de corrupción.
Además, se prevé la implementación de un sistema informático para el registro y control de estos bienes, con el objetivo de fortalecer la gestión de los activos recuperados.
El actual viceministro de Transparencia es Yamil García, quien también forma parte de las comisiones que intervienen YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer los mecanismos de prevención, control y respuesta frente a la corrupción, así como mejorar la coordinación institucional en materia de transparencia y justicia.
