El exgobernador del recinto penitenciario de San Pedro de La Paz, teniente coronel Allen Acosta, admitió que recibió un frigobar y un televisor de 43 pulgadas en calidad de “donación” para realizar sus funciones dentro del penal. Un privado de libertad presentó una denuncia y solicitó que ambos aparatos sean devueltos.
El caso constituye la sexta denuncia presentada por privados de libertad contra el mismo oficial. Según documentos a los que tuvo acceso este medio, otros cinco internos suscribieron notas en las que denuncian presuntos cobros de entre Bs 3.000 y Bs 5.000, además de supuestos actos de tortura, entre ellos aislamiento en la sección conocida como Muralla.
Acosta negó las acusaciones y señaló al privado de libertad River Covarrubias, exedecán de Evo Morales, como la persona que estaría direccionando las quejas de otros internos.
Consultado sobre las denuncias, el director departamental de Régimen Penitenciario, Fernando Cortez, informó que los casos se encuentran en análisis. Por su parte, Covarrubias sostuvo que Acosta habría incurrido en presuntos abusos y cobros ilegales.
La denuncia por el frigobar y el televisor
Una nota presentada ante Régimen Penitenciario el 14 de septiembre y firmada por el privado de libertad Luis Fernando B. B. denuncia que el 2 de agosto de 2026 habría entregado al entonces gobernador del penal un televisor de 43 pulgadas y un frigobar.
“Con el debido respeto me dirijo a su digna autoridad para denunciar al coronel Allen Acosta, quien fungía como director del recinto penitenciario de San Pedro, que en fecha 2 de agosto del 2026 se le entregó un televisor de 43 pulgadas y un frigobar. Asimismo, solicito mediante su digna autoridad gestione para que pueda realizar la devolución de dichos aparatos electrónicos”, señala la carta.
El documento no especifica las razones por las cuales el privado de libertad entregó ambos equipos al entonces gobernador.
Un día después, el 15 de septiembre, Acosta suscribió un acta de entrega en la que dejó constancia de que recibió un televisor plasma marca CHIQ y un frigobar marca Deadwood, señalando que fueron entregados “de manera voluntaria en calidad de donación para el trabajo de la dirección” del recinto penitenciario.
El acta también señala que ambos electrodomésticos se encontraban al interior del penal. Sin embargo, el documento no identifica a la persona a quien posteriormente fueron entregados, por lo que no se pudo establecer si los aparatos continúan en la Gobernación del penal.
Este medio consultó a la Dirección General de Régimen Penitenciario sobre las denuncias y la situación de los equipos, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de edición.
Advierten sobre una posible prohibición
Un funcionario del Comando General de la Policía, que pidió mantener su identidad en reserva debido a que el caso aún debe ser analizado por las instancias correspondientes, proporcionó documentación relacionada con las denuncias.
La fuente señaló que el caso debería ser investigado por la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi). Sin embargo, indicó que esa instancia habría rechazado inicialmente las primeras denuncias y solicitado a los internos reformular sus acusaciones.
“Ese rechazo debe ser valorado, si cuenta con fundamentos. Hay que definir si están intentando favorecer al coronel Acosta. De todas formas, los internos que firmaron esas cartas aseguran que están dispuestos a contar su versión y el tema será abordado con responsabilidad”, sostuvo.
El funcionario también observó que, en el caso del televisor y el frigobar, tanto el privado de libertad como Acosta no habrían proporcionado información suficiente sobre las circunstancias en las que ingresaron los equipos al penal.
En ese sentido, consideró necesario verificar los registros correspondientes a la fecha señalada y determinar bajo qué autorización ingresaron los aparatos al recinto penitenciario.
La denuncia cobra relevancia debido a que el artículo 14 de la Ley del Funcionario Público establece restricciones para que los servidores públicos acepten obsequios, regalos, beneficios u otras dádivas de personas particulares cuando estos puedan estar orientados a favorecer directa o indirectamente las gestiones a su cargo o influir ante otros servidores públicos.
La investigación deberá establecer las circunstancias en las que fueron entregados los equipos, si efectivamente se trató de una donación y cuál fue su destino posterior.
