Estados Unidos puso el foco sobre la justicia boliviana tras anunciar el retiro de visas a 13 ciudadanos bolivianos, a quienes vinculó con presuntos hechos de corrupción y narcotráfico.
De acuerdo con la lista difundida, 11 de las personas sancionadas tienen relación con el sistema de justicia boliviano, entre jueces, fiscales, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca Montenegro, y un exministro de Justicia.
La difusión de los nombres generó repercusiones en distintos niveles del poder en Bolivia y abrió un nuevo escenario de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la justicia y las investigaciones relacionadas con corrupción y narcotráfico.
La medida estadounidense también provocó reacciones políticas y jurídicas en el país, mientras crecen las solicitudes para que se conozcan los fundamentos de las sanciones y las acusaciones que motivaron la decisión de Washington.
El caso coloca nuevamente a la justicia boliviana en el centro de la atención internacional y genera un intenso debate sobre la independencia de las instituciones, la lucha contra la corrupción y la cooperación entre Bolivia y Estados Unidos.
