La Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades a actuar con responsabilidad institucional y mesura ante la situación que atraviesa el Ministerio Público, con el objetivo de evitar acciones que interfieran en su funcionamiento o generen incertidumbre en la ciudadanía.
El pronunciamiento surge luego de la aprehensión del fiscal general Roger Mariaca y algunos de sus colaboradores, en el marco de una investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico. La situación generó dudas sobre la continuidad de la conducción de la Fiscalía General y preocupación dentro del Ministerio Público.
Ante este escenario, la Defensoría informó que, a través de sus delegaciones departamentales, realizó verificaciones a nivel nacional para constatar la continuidad del servicio en las Fiscalías Departamentales.
Según la institución, durante las verificaciones se constató la presencia de fiscales de materia y personal de apoyo en sus funciones, además de la recepción de trámites y la atención continua de causas.
La Defensoría señaló que estas condiciones permiten resguardar el debido proceso y garantizar el acceso ininterrumpido a la justicia para la población.
En su pronunciamiento oficial, la institución recordó que la autonomía del Ministerio Público constituye una garantía tanto para el órgano encargado de ejercer la acción penal pública como para la sociedad y las personas sometidas a investigación.
En ese marco, consideró fundamental preservar la continuidad y regularidad de las funciones del Ministerio Público, con el fin de garantizar la atención a la población y el ejercicio efectivo de sus derechos.
Ante la situación que atraviesa la institución, la Defensoría exhortó a las instancias competentes a adoptar las medidas que correspondan dentro del ordenamiento jurídico vigente, bajo criterios de transparencia, fundamentación y seguridad jurídica.
Asimismo, recordó que toda actuación investigativa o procesal debe desarrollarse con independencia, objetividad, imparcialidad y debida diligencia, en estricta observancia de las garantías constitucionales.
