El equipo jurídico del argentino Fernando Cerimedo denunció presuntos actos de hostigamiento, amedrentamiento y represalias contra abogados que participan en su defensa, además de cuestionar la falta de avances concretos en las investigaciones relacionadas con las grabaciones que circulan públicamente y que son atribuidas al exasesor político. Los juristas consideran que, mientras se multiplican las acusaciones y se instala una condena mediática, todavía no existen respuestas claras sobre el origen, la obtención y la posible manipulación del material.
La defensa ya había advertido sobre esta situación en septiembre, cuando informó que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares destinadas a proteger la vida e integridad de Cerimedo, además de pedir garantías para todo su equipo jurídico ante las presuntas represalias contra algunos de sus integrantes. Sin embargo, hasta ahora no se conocen públicamente resultados concretos sobre esa solicitud ni medidas que permitan establecer si las denuncias de hostigamiento fueron investigadas.
Otro de los cuestionamientos apunta al tratamiento de los audios atribuidos a Cerimedo. La abogada Margarita Arce sostiene que algunas grabaciones habrían sido manipuladas mediante herramientas de inteligencia artificial, incorporando fragmentos inexistentes a conversaciones reales. Pese a ello, distintos registros fueron difundidos y utilizados en el debate político como si su contenido y contexto estuvieran plenamente acreditados, sin que exista todavía una pericia judicial integral que determine la autenticidad de cada archivo, su integridad y la identidad de todas las voces.
La polémica también expone una preocupante inversión de prioridades: las grabaciones circulan, generan acusaciones y alimentan controversias públicas, pero la investigación sobre su procedencia y las circunstancias en las que fueron obtenidas continúa sin resultados concluyentes. La Fiscalía anunció la creación de una Dirección Nacional de Cibercrimen el 29 de octubre y posteriormente conformó una comisión de fiscales para investigar el caso. No obstante, el propio fiscal general interino, José Armando Urioste, reconoció las limitaciones técnicas y presupuestarias para realizar determinados análisis digitales, incluso mencionando la necesidad de recurrir a cooperación internacional.
Arce cuestiona que se pretenda imponer una versión de los hechos a través de la exposición mediática de grabaciones que todavía requieren verificación técnica. La utilización de inteligencia artificial para alterar voces, incorporar expresiones o construir fragmentos inexistentes es una posibilidad que debe investigarse, pero también corresponde determinar, con pruebas científicas y no mediante declaraciones políticas, cuáles registros fueron modificados y cuáles conservan su integridad. La difusión de material sin establecer su trazabilidad no puede reemplazar el trabajo de la justicia ni convertirse en una sentencia anticipada.
En este escenario, el caso plantea interrogantes que el Ministerio Público todavía debe responder: ¿quién obtuvo las grabaciones?, ¿cómo fueron extraídas?, ¿existieron intervenciones ilegales?, ¿qué archivos fueron manipulados y mediante qué herramientas?, ¿qué ocurrió con las denuncias de presunto hostigamiento contra los abogados? La investigación no puede concentrarse únicamente en el impacto político de los audios ni en quién los difundió. Debe esclarecer tanto su contenido como su origen y garantizar que quienes ejercen la defensa puedan hacerlo sin presiones ni represalias.
Mientras no existan respuestas verificables, la exposición pública no puede sustituir a la prueba, ni las acusaciones convertirse en condenas anticipadas. La justicia tiene la obligación de investigar con el mismo rigor las denuncias que involucran a Cerimedo, las posibles irregularidades detrás de las grabaciones y las vulneraciones que su defensa asegura haber sufrido.
