Las autoridades departamentales reconocieron que existen diferencias sobre la propuesta del Gobierno, pero plantearon profundizar su análisis dentro de la Agenda 50-50. También solicitaron el reembolso de los fondos utilizados para pagar el bono de vacunación y los prediarios.
La propuesta del 1% de coparticipación tributaria abrió un nuevo capítulo de discusión entre las gobernaciones y el Gobierno nacional. Siete gobernadores suscribieron un pronunciamiento conjunto en el que solicitan retomar el diálogo para alcanzar acuerdos sobre la distribución de recursos y avanzar en los compromisos de la Agenda 50-50.
El documento, difundido este lunes, plantea profundizar el análisis de la propuesta gubernamental tomando en cuenta las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, además de los compromisos asumidos en la agenda firmada en Sucre en agosto pasado.
El pronunciamiento lleva las firmas de Juan Pablo Velasco, de Santa Cruz; Luis Revilla, de La Paz; María René Soruco, de Tarija; Gabriela de Paiva, de Pando; Edgar Sánchez, de Oruro; Jesús Egüez, de Beni, y Luis Ayllón, de Chuquisaca. Los gobernadores de Cochabamba y Potosí no suscribieron el documento.
Las autoridades reconocieron que no existe una postura uniforme frente al porcentaje planteado por el Ejecutivo. Mientras algunas gobernaciones expresaron su aceptación, otras manifestaron su rechazo. Sin embargo, coincidieron en que esas diferencias no deberían frenar las conversaciones sobre una nueva distribución de los recursos públicos.
La propuesta del 1% fue presentada por los ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de la Presidencia, en el marco de las negociaciones por la Agenda 50-50. Desde Santa Cruz, el gobernador Juan Pablo Velasco ha planteado la necesidad de avanzar hacia un porcentaje mayor, con una referencia inicial del 5%.
Además de la discusión sobre la coparticipación, los gobernadores incluyeron en su pronunciamiento una demanda económica al nivel central: solicitaron el reembolso de los recursos propios que utilizaron para cubrir el bono de vacunación y los prediarios, obligaciones que, según el documento, corresponden al Gobierno nacional.
El pedido busca que los fondos departamentales destinados a esos pagos sean restituidos y que se atiendan las responsabilidades financieras pendientes.
En ese contexto, las autoridades departamentales instaron al Ejecutivo a convocar una mesa de diálogo para retomar las negociaciones y avanzar hacia acuerdos que permitan fortalecer las autonomías y responder a las necesidades de cada región.
“Entendemos que existen distintas posiciones respecto a los porcentajes de distribución de recursos, todas legítimas y respetables. Pero por encima de nuestras diferencias hay algo que nos une: todos queremos lo mejor para nuestros departamentos”, expresó el gobernador cruceño.
