El Fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó hoy, que la Policía ejecutó la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público en contra del Juez del Juzgado Primero de Instrucción Penal de la Ciudad de El Alto, Marco A.A.F., por el presunto delito de Prevaricato de Juez o Fiscal y Consorcio entre Responsables del Servicio de Justicia, quien habría otorgado tutela a una Acción de Libertad presentada por Eliot M.G, detenido preventivo en el penal de San Pedro por el delito de Feminicidio, para que se beneficie con detención domiciliaria basado en certificados médicos que refieren que tenía una enfermedad terminal con una expectativa de vida de seis a ocho meses.
“Ante los suficientes elementos de convicción colectados en la etapa preliminar de la investigación se determinó que el juez aprehendido habría emitido una Resolución por la cual dispone la tutela a favor de Eliot M.G., quien presentó certificados médicos sobre una enfermedad terminal, sin considerar que el investigado enfrenta un proceso por delito de Feminicidio. También se pudo establecer que el juez hubiese sido abogado patrocinante en un caso por sustancias controladas del presunto Feminicida, además de otros elementos que hacen presumir la participación del juez en el hecho investigado”, dijo Alave.
Por su parte, el Fiscal Anticorrupción de la ciudad de El Alto, Wilson Medrano, informó que el 26 de diciembre de 2021, el Juez del Juzgado Primero de Instrucción Penal, Marco A.A.F., habría emitido una resolución judicial que concedía la tutela a una Acción de Libertad a su ex cliente Eliot M.G., para que el Juzgado Tercero Anticorrupción (control jurisdiccional del caso de Feminicidio) en el plazo de 24 horas señale audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva para Eliot y se le pueda otorgar la detención domiciliaria, por padecimiento de una presunta enfermedad terminal.
El Juez investigado habría pretendido revocar la negativa a la cesación de la detención preventiva en el penal de San Pedro del imputado por Feminicidio que determinó el juzgado de origen.
Posteriormente, ante la tutela otorgada, la autoridad judicial del Juzgado Tercero Anticorrupción, de origen, resuelve no otorgar la detención domiciliaria al presunto Feminicida, porque los certificados médicos presentados no eran suficientes para acreditar una enfermedad terminal y un peligro de vida, ya que los mismos no fueron valorados de forma objetiva por la autoridad de justicia que concedió la tutela.
“De los hechos investigativos en la etapa preliminar se presume que los certificados médicos serían falsos, ya que indican un cáncer de colon terminal del presunto Feminicida para salir con detención domiciliaria. Según las respuestas a requerimientos, los médicos que firman no habrían trabajado en el nosocomio donde supuestamente le valoraron al imputado, ni tampoco hay registros de la valoración médica. También existe un certificado médico forense que establece la misma enfermedad de un médico forense que no ejercía funciones en la fecha, mes y año consignados en el certificado”, sostuvo Medrano.
