En reunión del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y las organizaciones sociales decidieron este lunes asistir a la reunión de coordinación convocada por el Gobierno nacional en la que formularán tres consultas con el fin de mejorar las condiciones de seguridad ciudadana frente al incremento de la inseguridad.
“Es una reunión de coordinación para analizar la problemática de seguridad ciudadana, en la que vamos a consultar tres cosas al Ministerio de Gobierno: ¿Cuántas cámaras (de seguridad) son de donación y cuantas adquirieron ellos? ¿Cuánto invierten ellos en temas de seguridad ciudadana en la ciudad de El Alto? y ¿Cuántos efectivos policiales verídicamente tenemos en nuestra ciudad?”, dijo la alcaldesa después del encuentro desarrollado en el Centro de Convenciones.
A la convocatoria de la Alcaldesa, los dirigentes de las organizaciones sociales acudieron al Centro de Convenciones para decidir si se asiste al llamado del Gobierno central, quienes anticiparon la conformación de 14 mesas de trabajo para el análisis de la situación de seguridad ciudadana en la urbe.
Copa hizo conocer dos observaciones a esa convocatoria, ya que no se trata de una reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana, única instancia llamada por Ley para asumir compromisos y acuerdos, además de que en el análisis previo no se consideró que El Alto cuenta con cuatro distritos rurales, que tienen mecanismos de decisión diferentes a los distritos urbanos.
La decisión de los dirigentes y las autoridades fue de asistir de forma conjunta a dicha reunión y una vez que se tenga la información requerida de parte de las autoridades del Ministerio de Gobierno, se convocará nuevamente al Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana para asumir las acciones de forma conjunta entre los tres niveles de gobierno.
La Alcaldesa señaló que a la reunión llevará propuestas como el reordenamiento de gremiales, la instalación de luminarias públicas y alarmas vecinales que servirán para el programa de seguridad ciudadana barrial, además de la otorgación de todos los requerimientos que tiene la Policía Boliviana y que están enmarcadas dentro de la ley como es la compra de motorizados, dotación de combustible, construcción de infraestructura y el equipamiento de las unidades policiales.
