La Fiscalía retrocedió en el requerimiento de solicitud a la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de los nombres completos y documentación de los dirigentes estudiantes y docentes durante las movilizaciones de 2019.
Según el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, ante la “dilación de la respuesta, el Ministerio Público realizó otros requerimientos para obtener la información necesaria que ayude a esclarecer hechos, por ello, ya no es necesario que las autoridades de la Universidad respondan al requerimiento”, señala una nota de prensa.
En ese marco, dijo que en estricto apego al Código de Procedimiento Penal y la normativa vigente, la Fiscalía también realizó otros requerimientos para obtener “mayor información que ayude a identificar a las personas que habrían participado de los actos vandálicos y quema” del Tribunal Electoral Departamental en 2019 “por lo tanto ya no es necesaria la respuesta de la Universidad”.
Aclaró que la información requerida ya fue presentada por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), a la cual también se hizo el mismo requerimiento.
Según el Ministerio Público, se hizo la solicitud únicamente a la Universidad Tomás Frías para el esclarecimiento de este caso en específico y no a otras universidades del país.
Lanchipa explicó que en un primer momento se recabaron elementos de convicción que involucraban a una exdirigente de la universidad, quien guardó detención preventiva, y a raíz de la información que brindó en su declaración se pudo establecer la “posibilidad de que hubieran participado otras personas”.
Aseguró que la comisión de fiscales emitió requerimientos en varias oportunidades, “respetando la autonomía universitaria con el único objetivo de esclarecer el hecho delictivo que causó un daño económico al Estado”.
