Gobierno promulgo la Ley del Plan de Desarrollo Economico y Social que vulneraría las autonomías, mientras todos estaban en paro

Mientras el país estaba en el segundo día de movilizaciones en rechazo a una Ley del Gobierno de Luis Arce, que a decir de los sectores movilizados, afectaba y violentaba sus derechos, el Ejecutivo promulgo, sin dar a conocer, la Ley 1403 que aprueba el tan cuestionado «PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 2021-2025 «RECONSTRUYENDO LA ECONOMÍA PARA VIVIR BIEN, HACIA LA INDUSTRIALIZACIÓN CON SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES», que violaría las autonomías departamentales y municipales.

La Ley 1403, inicialmente fue sancionada por el Senado la madrugada del 2 de noviembre, en pleno feriado de Todos Santos y bajo la numeración 342, que fue cambiado en la promulgación. Esta situación fue duramente cuestionada por diversas autoridades a las que le llamo la atención la aprobación de un proyecto de tal envergadura en un día festivo y que además no haya sido socializada ni consultada con los Gobiernos Subnacionales, ya que les afecta directamente.

La primera en salir al paso fue la expresidenta del Senado y ahora alcaldesa de El Alto, Eva Copa, quien indico que elevaría una carta al presidente Luis Arce para rechazar la Ley y señalo que el Legislativo hacia quedar mal al gobierno al sancionar leyes sin previa consulta a los involucrados.

“Lo que vamos hacer es mandarle una nota al Presidente (Luis Arce) para que nos escuche y pueda conocer las preocupaciones (que tenemos), lamentablemente el Legislativo está haciendo quedar muy mal a su gestión, porque no está consultando con los involucrados, o sea gobernadores, alcaldes y universidades a quienes nos están haciendo algunas restricciones”, sostuvo la Alcaldesa, y añadio que «

“Es lamentable que aprueben una ley sin consultarnos a las partes que estamos afectadas, entre gobiernos municipales, departamentales y universidades. Nos preocupa porque parece que no aprenden la lección, no están socializando las leyes que ellos van aprobando y en feriado todavía, eso es una preocupación, porque no fue socializada”, afirmó Copa.

La mayor observación que tiene la burgomaestre alteña está referida a la disposición transitoria que obliga a los gobiernos subnacionales a “ajustar” sus planes Operativos Anuales al plan nacional en un plazo de 180 días (6 meses). “No podemos someternos a un plan que ellos proponen cuando tenemos un propio plan en el que tenemos necesidades que priorizar”, sostuvo Eva Copa.

En la misma línea, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz señaló también tras la sanción de la norma, que la ley es inconstitucional porque viola la autonomía municipal y sus competencias de planificación del desarrollo municipal, asumiendo el control de los presupuestos y gastos de inversiones de las autonomías.

Añadió que la obligatoriedad que establece la norma en sus artículos 1 y 4 sobre las ETA viola los artículos 270, 272, 302, 321 y 340 de la Constitución Política del Estado (CPE), porque controla sus presupuestos de inversión establecidos conforme a sus instrumentos de planificación aprobados por leyes municipales, como son los Planes de Desarrollo Integral y los Planes Estratégicos Institucionales y los Planes Operativos Anuales (POA).

Agregó que el presupuesto 2022 ya ha sido elaborado por las ETA con base en su autonomía y estos planes. “La Ley de Pndes pretende modificar los planes y con ello controlar los gastos e inversiones, recentralizados los recursos y aplicando de manera retroactiva la ley. Contraviene el artículo 123 de la CPE, pretendiendo aplicar de forma retroactiva la ley”, advirtió.

Por su parte, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz rechazó la “manera abusiva con la que la mayoría oficialista en el Senado sancionó en horas de la madrugada la Ley del Pndes, que vulnera la autonomía municipal”.

“La ley impone a las ETA, es decir gobernaciones y municipios, a basarse en un Pndes que es ajeno a la visión y realidad de los diferentes departamentos y municipios del país, específicamente a la que tiene el Gobierno Municipal de La Paz, que goza de autonomía, según la CPE”, subraya un comunicado.

La Alcaldía observa el inciso II del artículo 4 que señala que “los planes sectoriales, territoriales, de gestión territorial comunitaria, multisectoriales, estratégicos institucionales de empresas públicas y otros deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Pndes”. Los incisos III y IV de ese artículo estipulan que los recursos del Presupuesto General del Estado y los que provengan de la cooperación internacional no pueden utilizarse al margen de lo que fija el Plan. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz demando hace mas de una semana al presidente Arce que no promulgue la ley en «aras del respeto a la CPE, a la convivencia ciudadana y para evitar un mayor tensionamiento en la sociedad».

POLITICOS DE OPOSICION TAMBIEN RECHAZARON LA LEY DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

“El plan viene desde el centro y no permite a las entidades regionales a que presenten sus proyectos, ni su propia planificación. Se acabó la autonomía universitaria, la municipal, la departamental”, aseveró en su momento la senadora Centa Rek, de Creemos.

Su observación se replica en varios legisladores que se han opuesto a la norma desde la semana pasada. Apuntan al Artículo 4  que establece que el plan es de aplicación y ejecución obligatoria para el Legislativo, el  Ejecutivo, las empresas públicas, el  Órgano Judicial, el  Órgano Electoral, el  Tribunal Constitucional, las instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado, las Entidades Territoriales Autónomas y las universidades públicas.

“Está claro que quieren meter mano  a los bolsillos de las universidades, alcaldías y departamentos, porque eso indica la ley, que es de cumplimiento obligatorio. Si su presupuesto no está  bajo esta norma, no tendrán un presupuesto  consolidado, este se tratará en el Parlamento donde tenemos la mayoría  del MAS”, manifestó también el senador Rodrigo Paz.

Hizo énfasis que el parágrafo II,  de la disposición adicional única, obliga a las gobernaciones y  alcaldías  a elaborar o adecuar sus planes regionales   al plan nacional en un plazo de  180 días a partir de la publicación de la norma aprobada.

Sin embargo la ministra de Planificación del Desarrollo, Felima Mendoza, aseguró que la norma no atenta contra las autonomías regionales y que solo define la necesidad de coordinación.

UNIVERSIDADES SALIERON EN MARCHA PIDIENDO QUE LA LEY NO SEA PROMULGADA

Actores del sistema universitario salieron a las calles el jueves 4 de noviembre, en rechazo a la Ley de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 puesto que consideran que vulnera la autonomía de las casas de estudios superiores, los primeros en movilizarse fueron los miembros de la Confederación Universitaria de Docentes de Bolivia (CUD).

El sector convocó a una marcha en las principales ciudades capitales del país. “Convoca e instruye de carácter obligatorio a los docentes del sub a participar en la marcha simultánea en nuestro distrito universitarios el día jueves 4 de noviembre a horas 09:30”, detallaba el comunicado emitido dos días después de la sanción de la norma en Senadores.

El rector de la UMSA, Óscar Heredia, respaldó esa iniciativa, aunque aclaró que su aplicación está en manos de la dirigencia de docentes.

En ese contexto, pidió al Gobierno que escuche a las universidades antes de promulgar la citada ley que ya fue aprobada en el Legislativo. Explicó que como institución de educación tiene los mecanismos para hacerse escuchar.

“Nosotros, como institución, advertimos, pedimos, reclamamos y le decimos al Gobierno: tómennos en cuenta, porque la universidad es la generadora de conocimiento, la generadora de desarrollo y el sustento de la democracia en Bolivia”, afirmó en una entrevista con F10.

La Federación de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés (Fedsidumsa), la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (USFXC) y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) participaron en la protesta que luego se unió a las movilizaciones de los otros sectores que iniciaron el paro nacional multisectorial en rechazo a la Ley 1386, cuya abrogación fue anunciada por el presidente Luis Arce, pero no oficializada por el Legislativo, como dicta la norma.

Usualmente, los medios de comunicación estatales dan a conocer la promulgación de las diferentes leyes, incluso se realiza un acto oficial en la Casa Grande del Pueblo, sin embargo llama la atención que en este caso no se haya llevado a cabo tal situación y por el contrario, recién se conociera del hecho tras la revisión de la Gaceta Oficial del Estado.