Al menos tres sectores rechazan que el carnet de vacunación sea un requisito para ingresar a los establecimientos públicos y privados, por lo que exigen al Gobierno nacional su abrogación de los decretos 4640 y 4641. Por su parte la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, pide al Ministerio de Salud aplicar la objeción de conciencia en los casos donde las personas no porten el carnet de vacunación.
Luis Aruquipa, presidente del Consejo Nacional de las Iglesias Evangélicas, informó que se presentó una Acción Popular en contra el presidente Luis Arce y el gabinete ministerial, porque ambas normas vulneran los derechos y la libertad de las personas a decidir.
Los evangélicos lanzaron la advertencia de que en caso no se acceda a su solicitud, sus seguidores retirarán el dinero de las entidades financieras, donde sí exigen el certificado de inmunización
“Este tipo de leyes y decretos atentan con los ciudadanos bolivianos, por lo que pedimos su abrogación. No estamos en contra de la vacuna, pero la vacuna debe ser voluntaria e informada, eso es lo que estamos buscando con la Acción Popular”, declaró el evangélico a Urgente.bo.
El Decreto Supremo 4641 establece que el carnet de vacunación contra la Covid-19 se constituye en un documento oficial de carácter nacional y deberá ser presentado para acceder a instituciones públicas y privadas, entidades financieras, centros comerciales, mercados, centros educativos en general, locales de entretenimiento, transporte y establecimientos religiosos.
“Estamos exigiendo como iglesias evangélicas, no acatar y solicitaremos a las iglesias a las que se sientan vulneradas en sus derechos a retirar su dinero de las entidades financieras”, advirtió Aruquipa.
Otro sector que rechaza la presentación de vacunación son los gremiales, quienes coincidieron que no están de acuerdo que sea obligatorio portar el carnet, porque la Ley 1359 establece que la inmunización sea voluntaria.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, César Gonzales, dijo que hay una “exageración”, ya que se quiere pedir el carnet de vacunas para todo, incluso para la inscripción de sus hijos a las escuelas.
“Quiero decirle al presidente Luis Arce Catacora que de una vez abrogue esos dos decretos, ya que el pueblo se lo pide”, resaltó.
El Comité Cívico El Alto se declaró en emergencia y convocaron a los alteños al “desacato”. Gregorio Gómez, presidente del sector, pidió que se respeten los derechos y lamentó que no puedan pagar agua, luz y no se los dejen viajar.
“Hemos pedido la modificación, ahora pedimos la abrogación o anulación y la renuncia del ministro de Salud, Jeyson Auza”, sostuvo el dirigente.
A su vez dijo que con las pruebas PCR, lo que el Gobierno quiere es realizar “un negociado”, porque cada prueba cuesta entre Bs 200 y Bs 300.
Objeción de conciencia
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, solicitó al Ministerio de Salud aplicar la objeción de conciencia en los casos donde las personas no porten el carnet de vacunación.
“Consideramos que la presentación de pruebas PCR a costo de las personas o las dificultades para acceder a servicios públicos de personas que no se han vacunado, merecen un tratamiento diferenciado (…) hemos pedido que las personas declaren objeción de conciencia, que es un derecho individual”, recalcó Cruz.
