Luego de presentar la acusación formal por el caso gases lacrimógenos, la Fiscalía de La Paz inició otro proceso para establecer el destino de los 16 millones de bolivianos de daño económico, en la compra de los agentes químicos para la Policía, que se realizó durante el Gobierno transitorio.
La información fue proporcionada por el fiscal Junior Flores, quien indicó que en las pericias se estableció el daño económico generado por el sobreprecio proceso de contratación.
En el primer proceso se investiga las irregularidades en el proceso de contratación. Los exministros Arturo Murillo y Luyas Fernando López, además de otras siete personas están con acusación formal para ir a juicio.
En el segundo proceso, denominado “LGI Murillo”, se investiga el delito de legitimación de ganancias ilícitas para recuperar el daño económico al Estado, indicó el fiscal Flores.
El fiscal señaló que en este segundo caso se investigan las cuentas bancarias que se incrementaron producto de este caso, e incluso se tiene imputaciones contra familiares de Murillo.
Indicó que más 15 personas están siendo investigadas en el segundo proceso, incluido Arturo Murillo.
En ese caso, el excuñado de Murillo tiene detención preventiva porque el 2020, habría acudido a un banco a recoger dinero del exministro, acotó la autoridad del Ministerio Público.
Aclaró que se está trabajando con la Unidad de Investigaciones Financieras y otras instancias para saber a dónde fue a parar el dinero.
