La Fiscal Departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó hoy que, en audiencia de juicio oral, el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que Adrián Oliva Alcazar, exgobernador de Tarija, es autor del delito de Incumplimiento de Deberes por no haber cumplido una sentencia de amparo constitucional a favor de la empresa CONBOLAT, por lo que la autoridad del Juzgado de Sentencia Tercero determinó dos años de privación de libertad a cumplirse en el penal de Morros Blancos.
“Durante la audiencia, la Fiscalía presentó todos los elementos probatorios colectados en la etapa preliminar que demuestran la culpabilidad de Adrián Oliva como la sentencia de acción de amparo constitucional, el auto interlocutorio de cumplimiento a sentencia constitucional, el memoriales presentados por la víctima, declaraciones testificales, entre otras pruebas que fueron valoradas por la autoridad jurisdiccional que determinó la sentencia de dos años de cárcel para el sindicado, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por cinco años, además de la cancelación de costas y costos por daños y perjuicios a la víctima”, sostuvo Gutiérrez.
Por su parte la Fiscal asignada al caso, Adriana Flores Alconz, informó que el año 2016 el Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, durante la gestión de Adrián Oliva, sancionó mediante el SICOES a la empresa unipersonal CONBOLAT, encargada de la supervisión de la construcción del Hospital Materno Infantil, impidiendo que la misma pueda adjudicarse a otros contratos, además de retener la garantía de 58 mil bolivianos. Ante esta situación el representante legal de la empresa, Abrahán R.A.T., presentó una acción de amparo constitucional y el 14 de noviembre del mismo año el Tribunal de Garantías emitió la sentencia a favor de CONBOLAT.
En ese marco los Vocales de la Sala Social Administrativa y Contenciosa Administrativa Única del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija ordenó al Gobierno Autónomo Departamental de Tarija, que en un plazo de 24 horas deje sin efecto la sanción en el SICOES, la liberación de la garantía, entre otros; sin embargo, la determinación judicial fue incumplida.
“Los vocales hicieron llegar sendas reiteraciones al entonces Gobernador Adrián Oliva, para que se ejecute la sentencia de amparo constitucional; sin embargo, se hizo caso omiso a la determinación judicial generando daños económicos a la empresa, incurriendo así en faltas a la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) N°1178, por ello el 9 de marzo de 2017, el señor Abrahán R.A.T. presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público para realizar las investigaciones correspondientes”, dijo Flores.
