Para el 2 de febrero fue diferida la audiencia de medidas cautelares del gobernador de Tarija, Óscar Montes, y el alcalde de Cercado, Jhonny Torres, por la convocatoria al paro multisectorial de noviembre de 2021 en rechazo a la Ley abrogada 1386.
La decisión se debe ante incidentes que presentaron los investigados en el caso a denuncia del secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT), Aldo Velásquez.
Junto a Montes y Torres se encuentran denunciados e imputados por el mismo caso el presidente del Comité Cívico, Adrián Ávila, y el secretario ejecutivo de la Federación de Autotransporte “15 de Abril”, Gabriel Pérez.
En la denuncia, las autoridades tarijeñas, al sumar el apoyo de las instituciones que representan a las protestas, se generaron enfrentamientos que dejaron como resultado personas lesionadas.
El presunto delito que se investiga es instigación pública a delinquir.
