El hacinamiento en las diferentes cárceles continúa siendo un problema en el país y durante la pasada gestión se logró llegar al 147%, según datos proporcionados por el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias.
Con relación al 2020, en la administración de Jeanine Añez, se registró un 156%, lo que significa que hubo descenso del 9%.
Pese a esa situación, según Limpias, “no quiere decir que las políticas del gobierno de facto hayan sido positivas” sino que fue el resultado de los anteriores años que se reportó una disminución en la población penitenciaria.
En 2015, señaló que el hacinamiento fue del 144%, mientras que en 2017 se alcanzó al 254%.
Una de las políticas implementadas desde la administración del presidente Evo Morales fue el decreto presidencial de amnistía e indulto. Entre 2012 al 2019 se beneficiaron hasta 8.935 privados de libertad en todo el país.
La mayoría de los beneficiarios con los decretos presidenciales de indulto y amnistía estaban recluidos en las cárceles de Palmasola de Santa Cruz, San Pedro de La Paz y San Sebastián varones de Cochabamba.
En el primero año del mandatario Luis Arce se aprobó el Decreto Supremo 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, sin embargo, por recomendación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se demandó su abrogación ya que lo consideró que es una medida asociada a la impunidad.
Según Limpias, ante de haber sido dejado sin efecto se beneficiaron 796 privados de libertad en todo el país.
