Autoridades estatales se reunieron este viernes en Casa Grande del Pueblo y definieron integrantes y estructura de la comisión que llevará adelante la revisión de casos de feminicidio y violación, cuyos sentenciados hayan sido liberados.
El objetivo es de dar resultados de manera rápida, informó la ministra María Nela Prada, quien además es la Presidenta de la comisión, según se acordó este viernes.
Prada indicó que también forman la comisión el Ministro de Justicia, que ejercerá la Secretaría Técnica, el Ministro de Gobierno, los presidentes de Senadores y Diputados, además de las presidentas de las comisiones de Justicia de ambas cámaras.
De parte de las autoridades judiciales, están el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta del Comité de Género del Órgano Judicial, el presidente del Consejo de la Magistratura, el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Asimismo, integran la comisión el Fiscal General del Estado, el Procurador General del Estado, el Comandante General de la Policía y la Defensora del Pueblo.
“Es la primera vez en la historia de nuestro país que se conforma un espacio de esta naturaleza, un espacio que va a estar dedicado a la revisión de los procesos con sentencia condenatoria por delitos de violación y feminicidio, en los que se hubiera otorgado la libertad a los procesados”, indicó Prada.
La iniciativa surgió después del caso de Richard Choque, que tenía sentencia por asesinato, pero fue liberado en 2019 y siguió cometiendo al menos dos feminicidios más y otros delitos.
Prada dijo que, en el marco de la comisión, se asumirán las acciones necesarias de inmediato, como ser la intervención integral desde todas las instancias competentes.
“El objetivo de esta comisión que va hacer la revisión de los casos, de la comisión de delitos de feminicidio y de violación con sentencia, es dar resultado rápido, es dar resultados concretos a la población boliviana que en este momento siente esa indignación”, agregó.
Protestas
Mientras se realizaba la reunión, se registraron protestas afuera de la Casa Grande del Pueblo de parte de colectivos y asociaciones de familiares de víctimas de feminicidio, quienes exigían ingresar.
El argumento de las manifestantes era que consideraban la invitación abierta a todas las entidades.
