La exministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, del gobierno de Jeanine Añez, fue imputada este martes por la Fiscalía dentro de la investigación por el traslado de armamento no letal desde Ecuador al país en 2019.
El secretario General de la Fiscalía General del Estado, Edwin Quispe, detalló que los delitos que pesan contra la exfuncionaria son tráfico ilícito de armas; tenencia, porte o portación y uso de armas no convencionales e incumplimiento de deberes.
“Se ha identificado que el 15 de noviembre de 2019, en una reunión que sostenía juntamente con Arturo Murillo, Fernando López y la señora Jeanine Añez, en Palacio de Gobierno, (Lizárraga) hubiera tomado contacto con personal policial de la República del Ecuador en el que hubiera acordado que ese país pueda facilitar armamentos, es decir equipos antimotín, gases y demás explosivos que fueron internarlos a nuestro país de manera irregular”, informó.
Quispe recordó que el 25 de febrero de este año, Lizárraga fue citada mediante edicto con la imputación correspondiente, sin embargo, no asistió y se decidió realizar la tramitación correspondiente para la declaratoria de rebeldía y se buscará su captura a nivel nacional e internacional.
Según la relación de los hechos, los agentes químicos que ingresaron a Bolivia consistieron en 5.000 unidades de granadas de mano LG-302, 2.389 proyectil de largo alcance calibre 37 mm., 560 proyectil de corto alcance calibre 37 mm. y 500 granadas de sonido y destello para exteriores.
“Queremos ser enfáticos que el Ministerio Público en ningún momento actúa políticamente, no realiza persecuciones políticas y reiteramos el compromiso de defender los intereses de la sociedad”, aseguró.
La imputación formal fue emitida al Juez Décimo de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz a quien se solicitó la aplicación de medidas cautelares como la detención preventiva en contra de Lizárraga, durante seis meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes.
