Por orden de la fiscalía de La Paz, la Policía aprehendió este miércoles a Marco Antonio Amaru Flores, Juez primero de Instrucción Penal de El Alto, por haber beneficiado con la detención domiciliaria a un acusado por feminicidio, quien en el pasado fue cliente del ahora aprehendido.
“Se pudo establecer que el juez hubiese sido abogado patrocinante en un caso por sustancias controladas del presunto Feminicida, además de otros elementos que hacen presumir la participación del juez en el hecho investigado”, dijo el fiscal departamental de La Paz, Willian Alave.
La fiscalía departamental lo acusa por el presunto delito de Prevaricato de Juez o Fiscal y Consorcio entre Responsables del Servicio de Justicia, quien habría otorgado tutela a una Acción de Libertad presentada por Eliot M.G, detenido preventivo en el penal de San Pedro por el delito de Feminicidio, para que se beneficie con detención domiciliaria basado en certificados médicos que refieren que tenía una enfermedad terminal con una expectativa de vida de seis a ocho meses.
La detención domiciliaria fue otorgada en diciembre del pasado año, en el marco de una acción de libertad que resultó beneficiado Eliot M. G., acusado por el feminicidio de Janet F., su expareja. Sin embargo, esa decisión fue revocada por otro juez.
En 2014, el juez aprehendido fue abogado de Eliot M.G., quien entonces se encontraba investigado por un caso relacionado a la ley 1008.
Según el abogado Luis Guillén, además del juez Amaru, existen otros investigados que habrían “patrocinado” la acción de libertad y podrían ser aprehendidos.
Dentro del caso del feminicidio de Janet F., de 44 años de edad, actualmente guardan detención preventiva Eliot M., Issai M. M. C. y Josué M. J. M., a la espera de que se fije el inicio de juicio.
“Ante los suficientes elementos de convicción colectados en la etapa preliminar de la investigación se determinó que el juez aprehendido habría emitido una Resolución por la cual dispone la tutela a favor de Eliot M.G., quien presentó certificados médicos sobre una enfermedad terminal, sin considerar que el investigado enfrenta un proceso por delito de Feminicidio.
