El Gobierno y el Instituto Nacional de Estadística negocian con organismos internacionales el presupuesto para el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Sin embargo, los economistas dudan de su realización, pese a que se tiene listo un despliegue de 305.000 encuestadores para el 16 de noviembre y la próxima semana se iniciará una etapa previa con la actualización cartográfica.
“En este momento se encuentra en proceso de negociación el presupuesto y para no entorpecer los mismos, es mejor manejarlo con discreción. Todo el proceso de financiamiento externo se está realizando bajo la normativa vigente, tiene los plazos y estamos en esa etapa. Se están haciendo las gestiones con diferentes organismos financiadores y adelantar un prepuesto, podría entorpecer esas negociaciones”, sostuvo el viceministro de Planificación y Coordinación, Carlos Guachalla.
Explicó que una vez definido el financiamiento externo, el Gobierno dará a conocer el presupuesto total. Lo que sí está garantizado, es la etapa pre censal con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).
“Esos recursos van a ser repuestos una vez se gestione el financiamiento externo. Por lo tanto, el monto del presupuesto está siendo negociado”, insistió. Entre los organismos financiadores están: el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (FONPLATA).
Por su parte, Jorge Akamine, presidente del Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (Coneb), duda que una actualización cartográfica se realice en un plazo de cinco meses, cuando para ese trabajo se necesita al menos dos años.
“Dudo de que podamos llegar a cumplir la fecha establecida del 16 de noviembre de este año, lo importantes que se empieza a trabajar y esperemos que el Gobierno tenga la capacidad de comunicar un posible retraso”, indicó.
Otro de las razones por las que se podría postergar el Censo, es la capacitación a los empadronadores, los jefes de sector, área y municipio. El 2001 se capacitó a estas personas en tres meses.
Por otro lado, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), Enrique Leaño, planteó postergar el Censo y generar antes un consenso sobre las variables o indicadores que se aplicarán en la distribución de recursos y escaños.
“No creemos que sea conveniente todavía hacer este Censo sin previo análisis sobre qué factores o variables deberíamos incorporar en este tipo de situación y no solamente valernos del número de población, que es muy importante, por supuesto. Pero hay que tomar otros índices. Por eso es que creemos que el Censo no debería llevarse todavía adelante hasta que podamos consensuar las variables”, dijo el alcalde de Sucre en conferencia de prensa.
