La pugna por el control del oro en la comunidad Chushuara, municipio de Apolo, provincia Franz Tamayo de La Paz, dejó como resultado 15 heridos y siete retenidos. La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, pidió a la Autoridad Juridicial Administrativa Minera (AJAM), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la Policía intervenir la zona en conflicto.
“La institución defensorial verifica la información sobre la posible existencia de 15 personas heridas y siete retenidas, como producto de esos enfrentamientos”, sostiene el escrito
El exsubgobernador de la provincia Franz Tamayo, Hernán Salas, denunció que son los interculturales mineros avasallaron sus tierras, portan dinamitas y escopetas.
“Un grupo de interculturales nos atacó con dinamitas a quemarropa y escopetas, quieren adueñarse de esta parte de nuestro territorio que es rico en mineral. Hay dos heridos, uno por la gravedad fue trasladado hasta La Paz y otro que tiene herida en el brazo está aquí. También hay desaparecidos”, afirmó la autoridad en declaraciones a radio Compañera.
Tamayo identificó a Rolando Meneses y Marín Sandoval como los dirigentes de los interculturales que lideran a los grupos que quieren explotar el oro en la zona y amenazan a los pobladores.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ha informado que el proceso de saneamiento en Chushuara ha sido paralizado; pese a que existe una Sentencia Agraria Nacional S1 N°010/2011 del Tribunal Agroambiental, que el INRA debió dar cumplimiento. Oportunamente debió elevar un informe de conclusiones técnico-jurídico para verificar el derecho a la propiedad agraria en esa zona, así como verificar el cumplimiento de las medidas precautorias en el área, pero ambas acciones no fueron realizadas en más de 11 años, lo que desembocó en problemas de posesión de tierras entre tres grupos.
Desde octubre de 2021, se ha identificado que existen intereses sobre recursos mineros de la zona, lo que agrava el conflicto. Según información de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), en el área hay 24 solicitudes de contrato administrativo minero, pero ninguno fue consolidado; por lo tanto, cualquier actividad minera que existiese en el lugar es ilegal.
