Gobierno nacional anunció que el viernes se instalará la comisión técnica que definirá la fecha del Censo de Población y Vivienda, luego de no encontrar respuesta del Comité Interinstitucional para allanar el preacuerdo que se alcanzó el martes para pacificar el departamento de Santa Cruz.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, y el portavoz Presidencial, Jorge Richter salieron al paso para anunciar la instalación de las mesas de trabajo por el censo, luego de que el Ministro de Gobierno haya afirmado que «técnicamente es imposible realizar el censo en el 2023», aunque horas después fue desautorizado por el Ministerio de la Presidencia.
Cusicanqui dijo que el viernes se instalará la comisión técnica que debe estudiar y recomendar la fecha de la realización del Censo, materializando uno de los acuerdos asumidos en el Encuentro Plurinacional, celebrado el 28 de octubre, donde el Gobierno no escucho la propuesta de Santa Cruz y solo dejo dos opciones, una de las cuales es la de dejar la fecha abierta para que una comision evalue si se puede hacer o no el censo en el 2023.
Sin embargo llamo mucho la atención que desde ese encuentro, el Viceministerio de Comunicaciones ha realizado una serie de spots publicitarios donde explica el porqué se debe realizar el censo en el 2024 y porqué no se puede hacer el 2023, los cuales están siendo difundidos en diferentes medios de comunicación, en contra ruta al discurso de Cusicanqui y Richter.
“Creemos que con la instalación de esta mesa técnica no existe motivo para mantener las medidas de presión”, expresó el ministro en una declaración conjunta con el portavoz presidencial.
Se sabe que de la comisión participarán técnicos de las gobernaciones, de los municipios y de las universidades públicas del país, además de los expertos del Fondo de Población de las Naciones Unidas y del Comité Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade).
Mientras el Gobierno nacional instaba a resolver el conflicto de manera pacífica, grupos de choque afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que llegaron desde el interior del país y que estaban protegidos por la policía, causaban hechos de violencia contra los vecinos de la zona de La Guardia, a quienes por mas de 10 horas la supuesta fuerza del orden gasifico indiscriminadamente.
Desde el Ministerio de Gobierno y el Gobierno Nacional intentaron acusar a la Gobernación, el Comité Cívico Pro Santa Cruz y la Unión Juvenil Cruceñista de propiciar esos actos violentos, sin embargo gracias a la transmisión de los medios de comunicación se pudo constatar desde que lado venia la violencia, incluso un equipo de prensa de la red Unitel fue brutalmente golpeado por el grupo de campesinos afines al MAS que arremetieron contra el comunicador y su camarógrafo a vista y paciencia de los uniformados que no hicieron nada por socorrerlo pese a que amenazaban con «lincharlo».
