En tanto, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) insista al presidente de la república, Guillermo Lasso, a emitir un decreto ejecutivo para condonar deudas a la banca estatal, la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) abrirá un plazo de tres meses para evaluar el cumplimiento de los 218 acuerdos producidos por las 10 mesas de diálogo instaladas tras las violentas protestas de julio pasado.
La Fenocin convocó, pero inmediatamente suspendió, a un conjunto de nuevas protestas para el 15 de noviembre pasado en cuatro provincias costeras de Ecuador, con la intención de que el presidente Lasso firme un decreto ejecutivo que vehiculize el contenido de la Ley de Sostenibilidad Fiscal para condonar deudas de hasta USD 10.000 con la banca pública.
Esta provisión ya está actualmente vigente, pero cubre deudas solamente de hasta USD 3.000, por lo que el presidente de la organización indígena, Gary Espinoza, advirtió con nuevas protestas, cierre de autopistas y violencia si el monto de cancelación de las deudas no se aumenta a USD 10.000. El 21 de noviembre de este año, Espinoza comunicó al presidente Lasso sobre las medidas de protestas y acompaño a su escrito de aviso los argumentos sobre la precaria situación económica del sector de la pequeña producción, lo que impediría a los deudores, según Espinoza, cumplir con sus obligaciones ante el banco estatal.
A la izquierda y vestido de blanco, Gary Espinoza, líder de la Fenocin, fue uno de los representantes indígenas que suscribió el acta de paz con el gobierno de Ecuador, lo que puso fin a las protestas de junio de 2022.
Carondelet todavía no ha dado a conocer tanto la existencia del decreto como su eventual contenido, por lo que el presidente de la Fenocín, Gary Espinosa, envió una nueva carta al presidente Guillermo Lasso advirtiendo con imponer nuevas medidas de protesta si no se satisface esta necesidad del sector al que representa.
El titular de la organización, oriundo de Muisne en la provincia de Esmeraldas, propuso que el decreto presidencial contenga tres disposiciones principales de condonación: primero, el desvanecimiento de las deudas hasta un monto de USD 10.000; segundo, la remisión de los intereses de mora; y, tercero, la anulación de otros gastos judiciales y administrativos generados, en las instituciones de crédito público como BanEcuador, el Banco Nacional de Fomento en liquidación y la Corporación Financiera Nacional (CFN).
La asamblea de las organizaciones populares tuvo lugar en la provincia de Pastaza y contó con la asistencia de 47 delegaciones de organizaciones indígenas. Entre sus resoluciones clave está la de conceder al gobierno nacional un plazo de tres meses para evaluar los resultados de los 218 acuerdos.
Leonidas Iza, presidente de la Conaie, durante la instalación de las mesas técnicas del diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena. (Ministerio de Gobierno).
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, explicó que se adoptaron catorce resoluciones sobre temas internos del movimiento, así como otros relacionados con las diez mesas de diálogo instaladas inmediatamente después de las protestas de julio de 2022. El dirigente indígena también dijo que en la reunión se decidió realizar la primera revisión dentro de los próximos tres meses luego de la firma de los 218 convenios entre Conaie, Feine, Fenocin y las autoridades del poder Ejecutivo, intermediados por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).
La semana pasada, las negociaciones resolvieron que el gobierno y las organizaciones de los pueblos indígenas crearían ocho comisiones para el seguimiento y la implementación de los consensos. Las comisiones tendrán como finalidad monitorear y hacer que los compromisos se evalúen según su cumplimiento a cargo de varios ministerios estatales.
Las mesas de seguimiento se conformaron de la siguiente manera: Para el control de precios, el Ministerio de Gobierno; para la seguridad, justicia y derechos, el Ministerio del Interior; para la energía y recursos naturales, el Ministerio de Energía y Minas; para el empleo y derechos laborales, Ministerio del Trabajo; para el fomento productivo, el Ministerio de Agricultura; para el acceso a la salud, el Ministerio de Salud; para los derechos colectivos, la Conferencia Episcopal; y para la educación superior, la secretaria de Educación Superior.
Esos órganos de supervisión estarán integrados por dos veedores de cada una de las organizaciones sociales participantes en las negociaciones y por cuatro delegados funcionarios del Gobierno, y empezarán con su trabajo el lunes 28 de noviembre./Infobae
