El Juzgado de Sentencia Penal Octavo de Santa Cruz declinó competencia y decidió suspender la acción de libertad interpuesta por la defensa del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro.
La audiencia había sido fijada para las 18.00 de este lunes y tenía que ser administrada por la jueza Elvira Velásquez, pero tras analizar el caso determinó derivar el proceso a un juzgado de la ciudad de La Paz, porque las presuntas vulneraciones a tratar están en esa jurisdicción y no así en la capital cruceña.
Para el abogado Martín Camacho se decidió cambiar la decisión “misteriosa” a pedido del Ministerio Público y derivarlo a un juzgado de La Paz.
“Es un hecho que debe ser histórico en Bolivia. Las acciones tutelares no tienen jurisdicción y además, una vez admitidas, no se pueden declinar, no existe ni la causal de excusa en este tipo de acciones que son de carácter inmediato”, cuestionó el jurista.
El recurso de acción de libertad fue presentado con el objetivo de que la autoridad departamental pueda ser trasladada a un centro de salud para que pueda recibir la atención que requiere su enfermedad de base.
La juez explicó que en el artículo 3 de la Ley 1104 se establece que las Salas Constitucionales serán competentes para conocer y resolver las acciones por hechos generados en las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a 20 kilómetros de las mismas.
“El hecho denunciado sucedió en la ciudad de la Paz, y la ciudad de Santa Cruz se encuentra fuera de los 20 Kilómetros de la ciudad de La Paz porque son departamentos diferentes, y a una distancia aproximada de más de 800 kilómetros, por lo que corresponde la competencia en razón de territorio al departamento de La Paz”, indica el documento judicial al que tuvo acceso la ABI.
La defensa de Camacho además denunció que uno de los justificativos que puso la autoridad jurisdiccional cruceña se debe a que el domicilio de Camacho sería en La Paz, toda vez que se encuentra recluido en el penal de Chonchocoro, sin embargo, consideró que las cárceles no son domicilios reales, sino transitorios.
El gobernador cruceño guarda detención preventiva de cuatro meses por el denominado caso Golpe de Estado I, relacionado con los hechos que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales y la asunción de Jeanine Áñez en 2019.

