El juicio contra el exministro de Hidrocarburos de Jeannine Áñez, Víctor Hugo Zamora, y otros cinco exaltos cargos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), acusados por la paralización del funcionamiento de la Planta de Amoniaco y Urea, se iniciará este martes 28 de marzo en Ivirgarzama, trópico de Cochabamba.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías anunció en su momento que pedirá ocho años de cárcel para los implicados en los graves daños económicos causados a la Planta entre 2019 y 2020.
El dirigente sindical del sector hidrocarburífero, Ludwin Sánchez, informó a Radio Illimani, Red Patria Nueva, que el juicio se iniciará a las 09h00.
Recordó que además del exministro Zamora, está acusado en este caso el expresidente de YPFB, Herland Soliz.
Ambos fueron declarados en rebeldía y se presume que estarían fuera del país.
Los otros acusados están con medidas cautelares y deberán estar presentes en el juicio.
Se trata del exvicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, el exgerente de Industrialización, además del exdirector y el excoordinador de la Planta de Amoniaco y Urea.
Daños
Esas personas están acusadas por la paralización del complejo industrial de Bulo, ubicado en Cochabamba, lo que generó pérdidas económicas para el Estado debido a la falta de producción y comercialización del fertilizante. También se los responsabiliza de daños a equipos de alto valor como turbinas y calderos.
La acusación particular presentada por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías está sustentada en pruebas documentales, testificales, periciales y de inspección, entre otros elementos probatorios.
De acuerdo con Sánchez, en este caso se ha ocasionado un daño económico de más de 400 millones de dólares.
El dirigente remarcó que la paralización provocó un daño de 243 millones de dólares y que a que a esa suma se debe agregar las pérdidas acumuladas hasta el día de la reactivación de la factoría que “impulsó” el gobierno de Luis Arce.
“En total, los daños ascienden a más de 400 millones de dólares”, insistió.
Fiscalía
La Fiscalía sustentará la acusación formal con 11 pruebas testificales, 73 documentales, requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas.
Además, ofreció una prueba pericial de auditoría forense a desarrollarse por el Instituto de Investigaciones Forenses para cuantificar el total de daño económico generado al Estado, entre otros elementos.
