La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) lamentó este martes que algunos diputados desconozcan la normativa que rige a esa entidad y rechazó sus declaraciones sobre que “no habría alertado de los movimientos económicos realizados por el uruguayo Sebastián Enrique Marset, acusado de narcotráfico”.
“La UIF rechaza las declaraciones vertidas por algunos diputados quienes, en abierto desconocimiento de la normativa que rige a esta entidad, declararon que la UIF no habría alertado sobre los movimientos económicos realizados por Sebastián Enrique Marset”, se lee en un comunicado.
La Unidad de Investigaciones Financieras aclaró que en el marco de la Ley 393 realiza actividades de inteligencia financiera y patrimonial, para identificar operaciones en las que exista sospecha de su relacionamiento con el delito de legitimación de ganancias ilícitas.
Ello ante requerimientos efectuados por las autoridades competentes y, principalmente, a partir de los reportes de operaciones sospechosas generados por entidades financieras, notarios, remeseras, entre otros que, por mandato de la norma, tienen la obligación de transmitir o comunicar a esta entidad.
“El crimen organizado actualmente utiliza complejas formas para ocultar el origen de los recursos producto de actividades delictivas, lo cual dificulta la trazabilidad del dinero o recursos, por ello, es importante que la legislación se actualice y evolucione a la par de estas formas, para brindar información oportuna a las entidades públicas que realizan labores de inteligencia e investigación de estos delitos”, explicó la UIF.
Recordó que, para tal efecto, durante las últimas gestiones, el Gobierno nacional propuso una normativa orientada a fortalecer la lucha contra estos ilícitos, esfuerzo que fue desestimado en instancias legislativas como consecuencia de la desinformación generada por ciertos grupos.
Cuando la UIF identifica una operación que le permite inferir la existencia de indicios vinculados a los delitos precitados, remite un informe de inteligencia financiera y patrimonial al Ministerio Público y/o a las autoridades competentes correspondientes, el cual es elaborado de manera objetiva en materia de lavado de activos, el mismo que tiene carácter indiciario y confidencial, puntualizó la entidad.
