Los colegios de Abogados de Chuquisaca y de Tarija expresaron su repudio ante la destitución de tres fiscales que investigaban al dirigente cocalero, Evo Morales, por los delitos de estupro y trata y tráfico de personas.
“El Ilustre Colegio de Abogados de Tarija expresa su más enérgico repudio ante las recientes acciones del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, al destituir de forma irregular a la Fiscal Departamental de Tarija (Sandra Gutiérrez)”, señala parte de un comunicado oficial.
Tras conocerse la orden de aprehensión en contra de Morales, el Fiscal General destituyó a la fiscal departamental y a los fiscales de materia, Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco, quienes investigaban al exmandatario por abuso sexual a una menor de 15 años, con quien tendría una hija.
El Colegio de Abogados de Tarija aseveró que la destitución irregular es un atentado contra los derechos de la población y a la imagen de las instituciones que administran la justicia.
Asimismo, el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH) reprochó que, con ese accionar, se impida la defensa de los menores de edad.
“Como institución reprochamos el accionar del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien de forma irregular destituyó a los encargados de investigar al expresidente Evo Morales (…). El ICACH ratifica su compromiso permanente con la defensa de los derechos de todas las bolivianas y bolivianos y más aún cuando son menores de edad”, señala otro comunicado.
A través del instructivo 392/2024, Lanchipa ordenó “dejar el caso” e informó que “quien se haría cargo de esta investigación sería la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género y Juvenil, Alejandra Sally Rocha, y el fiscal de materia Ricardo Diego Caballero”.
Asimismo, le ordenó a Gutiérrez que “deje sin efecto la comisión que había designado para investigar este caso”.
La orden de aprehensión contra Morales fue emitida por un equipo de fiscales ante el conocimiento de las evidencias e informes de Inteligencia.
Se trataba de la directora Funcional de la Unidad de Trata y Tráfico, Pamela Obando, además de los fiscales Cristian Antonio Guerrero y Andrés Soruco.
Sin embargo, antes de que se realice la notificación, en la ciudad de Santa Cruz se presentó una “acción de libertad” en contra de Guerrero y Soruco, pero no de Obando. En esa audiencia, se dejó sin efecto la resolución fiscal de aprehensión contra Morales.
