El gobernador en ejercicio de Santa Cruz, Mario Aguilera, advirtió sobre la necesidad de implementar reformas urgentes para evitar la repetición de incendios forestales que han devastado los bosques y la fauna de la región. “Hay dos alternativas para que esto no vuelva a suceder: modificamos las normas para que no se generen más incendios y se ataque a los pirómanos, o el año que viene y el subsiguiente habrá incendios”, expresó Aguilera.
El gobernador enfatizó que la primera acción debe ser la modificación de la legislación nacional, incluyendo la eliminación de las “leyes incendiarias” y la revisión de la Ley de Gestión de Riesgo, que considera burocráticas en la atención inmediata de emergencias por incendios. “No puede alguien prenderle fuego libremente a una pampa, a un chaco o un bosque y pagar Bs 2 de multa por hectárea”, criticó Aguilera, resaltando que el presupuesto del Gobierno Autónomo Departamental para atender incendios es de solo 15 centavos por hectárea al año, lo que considera “imposible” para una respuesta efectiva.
Luis Fernando Roca, asesor general de la Gobernación, informó que se ha enviado un proyecto de ley a la cámara de diputados y senadores, así como al presidente del Estado, con la propuesta de eliminar la Ley 741, que permite a las personas prender fuego a hasta 20 hectáreas sin control. Asimismo, cuestionó la Ley 602 de Gestión de Riesgo, que limita la participación de entidades territoriales autónomas y de la población en la lucha contra desastres naturales.
Además, Aguilera propuso la creación de un fondo nacional para la atención de emergencias, ante la reducción de recursos en el presupuesto. Este fondo permitiría acceder a recursos necesarios para atender incendios antes de que la situación se vuelva insostenible.
Carlos Correa, secretario de Justicia, señaló que actualmente la justicia en Bolivia impone penas de solo 2 a 4 años de cárcel por el delito de incendio. Desde la Gobernación se ha solicitado un endurecimiento de estas penas a 4-8 años, con el objetivo de tomar acciones más efectivas contra quienes causan daño ambiental.
La Gobernación ha colaborado en 24 denuncias y procesos penales junto a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), y ha hecho seguimiento constante a estos casos. Aguilera mencionó que se ha logrado la detención preventiva de algunos responsables y destacó la necesidad de endurecer las penas, considerando el delito como un daño a la salud pública.
Darío Monasterio, otro asesor de la Gobernación, hizo hincapié en la complicada situación económica del ente departamental, que ha visto reducidos sus ingresos debido a un mal manejo económico en gestiones anteriores y a la disminución de impuestos a los hidrocarburos. Sin embargo, aseguró que se están buscando fuentes alternativas de ingresos para enfrentar la crisis.
Finalmente, Aguilera hizo un llamado a la unidad, instando a dejar de lado los intereses políticos. “Esta es la única forma para salir de esta crisis y el pueblo cruceño ha demostrado históricamente su capacidad para trabajar por un objetivo común”, concluyó.
