Entre mayo y agosto de 2024, el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS identificó 322 vulneraciones a las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos en Bolivia. La cifra, representa un aumento del 5% con relación al cuatrimestre enero – abril del presente año, periodo en el que se registraron 307 vulneraciones.
En su reciente informe cuatrimestral, el Observatorio detalla que, de las 322 vulneraciones, 184 (57%) afectan a la institucionalidad democrática; 50 (16%) a la libertad de prensa; 42 (13%) a la libertad de reunión pacífica y protesta; 27 (8%) al derecho a defender derechos; 16 (5%) a la libertad de expresión y 3 (1%) a la libertad de asociación.
El leve aumento de casos, con relación al primer cuatrimestre, se debe principalmente a actos o eventos relacionados con la violación a la presunción de inocencia (79 casos, 25% del total de casos), el fallido asalto militar a Palacio de Gobierno (45 registros, 14% del total de casos), los límites en el acceso a la información de periodistas (37 casos, 12% del total) y la crisis económica (20 casos, 6% del total).
“El informe evidencia un deterioro de las libertades fundamentales ligadas, en parte, a eventos vulneratorios específicos, pero sobre todo a un constante debilitamiento de la institucionalidad del Estado y ausencia de políticas públicas reflejados en actos u omisiones que impiden el acceso a la justicia, provocan hechos de corrupción o promueven intervenciones violentas a manifestaciones sociales”, resalta el informe publicado por UNITAS.
Los principales actores vulneradores de las libertades de expresión, de prensa, de asociación y de reunión pacífica, la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos son la Policía Nacional con 100 registros (31% del total), seguido de las autoridades del Órgano Ejecutivo nacional (66 casos, 20% del total), Ministerio Público (26 casos y 8% del total), autoridades del legislativo nacional (23 casos, 7% del total), grupos de personas particulares (21 casos, 7% del total) y autoridades municipales (17 casos, 5% del total).
Institucionalidad democrática
El principal evento detonador de vulneraciones en esta categoría, después de los actos de violación a la presunción de inocencia que realiza el Ministerio de Gobierno y la Policía al exhibir a personas acusadas de algún delito, fue el fallido golpe de Estado militar ocurrido el 26 de junio de este año. Este evento generó un total de 45 vulneraciones en contra de la institucionalidad democrática, la libertad de reunión y protesta, la libertad de prensa y la libertad de expresión.
“Esta acción militar es un ataque directo al estado de derecho y una amenaza a las libertades y derechos fundamentales de toda la sociedad. El Estado, como garante de derechos, no puede de ninguna manera exponer a la población a riesgo de confrontación y es su deber agotar todos sus esfuerzos por mantener la paz social y el estado de derecho”, resalta el informe.
También menciona que el proceso de preselección de candidatos a las altas cortes de justicia del país ha sido otro evento que ha derivado en un total de 13 vulneraciones a la institucionalidad democrática, enmarcadas en transgresiones a la transparencia y publicidad, equidad e igualdad, observancia a la norma y garantía de idoneidad que identificó la Veeduría Ciudadana al Proceso de Preselección de Magistradas y Magistrados Judiciales.
Libertad de reunión y libertad de expresión
La crisis económica que atraviesa el país y que se ve reflejada en el alza de precios de los productos de la canasta familiar, la escasez de combustible o la falta de dólares, es uno de los eventos que más vulneraciones trajo consigo a las libertades de reunión y de expresión en el cuatrimestre analizado. Según el informe, 58 vulneraciones se han identificado en ambas libertades (18% del total) por esta causa.
Las vulneraciones se dieron, por ejemplo, en las protestas a nivel nacional de los transportistas de carga pesada, que, debido a la falta de diésel y dólares, realizaron una serie de bloqueos que fueron intervenidos por la fuerza policial y terminaron en detenciones e impedimentos de la protesta. Se observa el caso particular del dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, que el 28 de agosto, luego de protagonizar una protesta, fue detenido por la Policía.
“Las amenazas vertidas por el ministro Eduardo del Castillo de levantar los puntos de bloqueo del sector transporte, muestran, con todo lo señalado, que la garantía del ejercicio de las libertades de expresión y de reunión y protesta, como pilares para la defensa de intereses comunes, está limitado y restringido por el accionar policial y las actuaciones de autoridades que merman la capacidad de movilización y participación de la población en asuntos públicos”, se lee en el informe.
Libertad de prensa y derecho a defender derechos
Los límites en el acceso a información a periodistas se expresan no sólo con rechazos, sino también con agresiones, censura, amenazas, estigmatizaciones y actos de criminalización. Según el informe, en el cuatrimestre analizado se ha identificado 15 casos de impedimentos de acceso a la información y tiene a autoridades y servidores públicos de menor rango y a agentes de policía como los principales actores vulneradores.
“El papel de los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación es crucial en la promoción y protección de los derechos humanos”, destaca el informe y menciona que en este cuatrimestre se tuvo una leve elevación de 5 a 7 las vulneraciones en contra de mujeres periodistas.
Con relación a las personas y organizaciones defensoras de derechos, el Observatorio precisa que los casos se incrementaron en 69%, de 16 en el primer cuatrimestre a 27 en el segundo. De éstas, el 59% fueron cometidas en contra de hombres (16 registros) y el 15% en contra de mujeres (4 registros). Los restantes siete fueron cometidos en contra de organizaciones defensoras.
