El Gobierno nacional garantizó este miércoles el pago de la Renta Dignidad para todos los adultos mayores no activos, ya sean beneficiarios del Sistema Integral de Pensiones (SIP) o no, desmintiendo las afirmaciones del expresidente Evo Morales sobre una supuesta eliminación de este beneficio social.
“La Renta Dignidad está garantizada para todos los beneficiarios no activos, llegando a la mayoría de la población adulta mayor”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa.
Racionalización y focalización del beneficio.
El proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 plantea una «racionalización y focalización» del programa. Actualmente, la Renta Dignidad consiste en el pago mensual de Bs 350 para adultos mayores sin jubilación y Bs 300 para quienes ya reciben una renta de vejez .
El ajuste propuesto busca eliminar del beneficio a jubilados que continúan trabajando o tienen ingresos económicos altos. Montenegro explicó que esta medida responde al principio de solidaridad. “Algunos jubilados perciben rentas cercanas al 100% de su último sueldo y, además, reciben la Renta Dignidad. Es más necesario que este beneficio se destine a quienes no tienen ingresos suficientes”, sostuvo.
Asimismo, mencionó que actualmente hay adultos mayores accionistas de bancos y empresas que reciben la Renta Dignidad, pese a no requerirla con urgencia. Según el ministro, el objetivo es que el beneficio priorice a los sectores más vulnerables.
Indicadores económicos del PGE 2025
El Presupuesto proyecta las siguientes cifras para el próximo año:
- Crecimiento económico: 3,51%.
- Inflación: 7,5%.
- Precio promedio del barril de petróleo: $us 75,3.
- Déficit fiscal: -9,2% del PIB.
- Tipo de cambio oficial: variación promedio de ±10%.
Además, se asignarán Bs 8.484 millones para el pago de pensiones del Sistema de Reparto y Bs 4.400 millones para compensaciones de cotizaciones.
Redistribución y sostenibilidad
El Gobierno reafirmó su compromiso con la redistribución del ingreso a través de políticas como la Renta Dignidad, destacando la necesidad de ajustes para garantizar su sostenibilidad y focalización hacia quienes realmente lo necesitan. La medida busca equilibrar el impacto social del beneficio sin comprometer las finanzas públicas.
