El Gobierno nacional aclaró que la disposición adicional séptima del proyecto del Prepuesto General del Estado (PGE) 2025 está contra la especulación de los alimentos y que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) podrá participar de la reglamentación del mismo.
Con el PGE 2025 “no queremos estigmatizar a los productores y a los buenos intermediarios sino esto va en contra de aquellos especuladores, malos intermediarios. Y esto es resultado de que en varias partes del país, la población le ha pedido al presidente Luis Arce que se ponga un esquema de control contra los especuladores”, explicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, tras concluir la reunión con la CAO, este martes, en la ciudad de Santa Cruz.
Indicó que la reunión con esa instancia, que aglutina a los agricultores cruceños, principalmente, se llevó a cabo “para aclarar las dudas y los malos entendidos” que se generó en torno a dicha disposición del Presupuesto 2025.
“Hemos aclarado a la CAO que esto no es algo dirigido contra los productores o contra los intermediarios, esto más bien es un esquema para viabilizar que el alimento y la producción de productos alimenticios esenciales llegue a la población”, remarcó.
Insistió que en el Presupuesto 2025, que ya fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se puso esa disposición con la finalidad de darle a la población boliviana la seguridad de que “no va a haber especulación”.
“Un segundo elemento es que hemos hablado con la CAO de que esto se tiene que reglamentar, de seguro que el sector puede participar con toda la experticie que tiene para que esta reglamentación sea efectiva, en favor del pueblo boliviano y de los productores nacionales”, dijo.
Apuntes
La disposición adicional séptima del proyecto del PGE 2025 tiene el fin de garantizar al país la disponibilidad y abastecimiento de alimentos con acciones de control, fiscalización y confiscación y/o comiso a comercializadores que almacenen o retengan productos para encarecer precios que generan especulación.
“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, se lee en el documento.
En tanto, el segundo apartado establece que “todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales debe declarar información de producción, transformación y comercialización, misma que tendrá calidad de declaración jurada y será tratada bajo el principio de confidencialidad, conforme a la reglamentación aprobada”.
