El vocero de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Bernardo Montenegro, criticó duramente el proyecto de ley municipal aprobado por el Concejo Municipal para buscar un nuevo sistema de transporte. También se refirió a la problemática en torno a la tarifa del transporte público, un tema que ha generado tensión entre autoridades, transportistas y usuarios.
Montenegro calificó el proyecto de ley como “dos hojas sin sustento” y acusó a los concejales de evadir su responsabilidad en el conflicto. “Las dos hojas, que llaman ley, no tienen ningún sustento. En su labor legislativa tienen la potestad de presentar un proyecto de ley, pero un proyecto es algo serio que tiene un sustento técnico, legal y económico. No la barbaridad que han sacado para evadir su responsabilidad”, declaró en conferencia de prensa.
El vocero aseguró que la Alcaldía ha incorporado a los sectores sociales en las mesas de diálogo y ratificó la propuesta técnica de establecer un rango tarifario entre Bs 2,17 y Bs 2,38. Sin embargo, enfatizó que corresponde al Concejo Municipal tomar una determinación al respecto. Mientras tanto, afirmó que “en este momento, dada la incapacidad del Concejo, sigue en pie la tarifa de Bs 2”.
Por otro lado, Montenegro reconoció que implementar un nuevo sistema de transporte es un desafío que no se puede resolver “de la noche a la mañana”, pero reiteró que es un tema en proceso.
La tensión aumenta, ya que los transportistas anunciaron un ampliado para este miércoles 11 de diciembre, donde podrían definir un paro y bloqueo departamental en demanda del incremento tarifario. El pasado viernes, el alcalde Jhonny Fernández ratificó la propuesta de una tarifa entre Bs 2,18 y Bs 2,37 tras concluir las mesas de diálogo con la dirigencia de los micreros. Sin embargo, los transportistas expresaron su molestia por la aprobación del proyecto de ley que mantiene la tarifa en Bs 2 y amenazaron con medidas de protesta.
El conflicto se intensificó el sábado 7 de diciembre, cuando una dirigencia de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) firmó un acuerdo con los transportistas para permitir un cobro de Bs 2,37, logrando así suspender un paro indefinido. No obstante, este acuerdo fue desconocido por otras Fejuves y se registraron denuncias de usuarios que aseguraron haber sido obligados a pagar Bs 2,50.
La situación refleja un panorama complicado donde las diferencias entre autoridades municipales, transportistas y vecinos continúan alimentando la incertidumbre sobre el futuro del sistema de transporte en la ciudad.
